El atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) –con un saldo de 85 muertos y más de 300 heridos– fue un agujero negro en la presidencia del entonces gobierno de Carlos Saúl Menem. Ahora, los fiscales que aportaron nuevas pruebas para esclarecer el caso, determinaron que la gestión del riojano tuvo una estrecha relación con la ausencia de sanciones para los ideólogos y partícipes de la tragedia.
Inclusive, en la conferencia de prensa que dieron los fiscales tras aportar nuevas pruebas al juez Rodolfo Canicoba Corral, consideraron que la interrupción unilateral por parte de Argentina de convenios nucleares firmados con Irán durante el gobierno del ex presidente fue el principal motivo para que se eligiera a Buenos Aires como blanco para un atentado. De esta manera, la acusación compromete directamente al ex mandatario con la voladura de la AMIA.
Con todo, esta acusación se suma al listado de irregularidades que el gobierno de Menem aportó a la causa: por un lado, no existe ningún detenido por el caso y la investigación estuvo sumida durante doce años en un callejón sin salida. Entre los numerosos entretelones que se tejieron desde 1994 en adelante figuraron desde un informe citado por el New York Times que involucraba al gobierno de Teherán en el pago –con diez millones de dólares– al entonces mandatario para encubrir su rol en el atentando a la AMIA hasta acusaciones de "negligencia y falta de interés" por la investigación.
Además, los funcionarios de su gestión –como el ex ministro del Interior, Carlos Corach, y el ex titular de la SIDE, Hugo Anzorreguy– estuvieron en la mira de la Justicia acusados de obstaculizar la investigación con el pago de 400 mil dólares a Carlos Telleldín. El hombre recibió un pago para prestar declaración, en la que acusó a un grupo de policías bonaerenses de haberse llevado la camioneta Renault Trafic con que se voló la mutual y que, según se determinó, eran inocentes.
El caso es que a mediados de septiembre de este año, Anzorreguy fue procesado por el juez federal Ariel Lijo bajo la figura de “peculado” y también destinado a pagar un embargo de 1,5 millones de pesos. El ex titular de la SIDE durante el gobierno de Menem había acusado al ex juez Juan José Galeano –a cargo de la causa hasta la llegada de Canicota Corral– de conminarlo a pagar la coima de 400 mil dólares a Telleldín a pedido del entonces magistrado. Por esa maniobra, Menem también estuvo en la mira ya que habría dado el visto bueno para el pago.
El mismo juez Galeano, sobre quien recayó la causa como una braza caliente por estar de turno, fue destituido de su cargo con un juicio político en 2005 y ahora fue procesado por “peculado, coacción reiterada en dos oportunidades, falsedad ideológica y prevaricato” en el mismo dictamen que el magistrado Lijo emitió contra Anzorreguy.
Poco después del atentado y cuando aún regía el destino de los argentinos, Menem se negó a romper relaciones con Irán. La consideración del ex mandatario afirmaba que existía “semiplena prueba de la culpabilidad” del gobierno de Teherán en la voladura de la mutual judía y sólo se limitó a reducir al mínimo la representación diplomática de ese país en Buenos Aires. Ahora que existen pruebas contundentes contra el gobierno de Oriente Medio que lo vinculan como el principal ideólogo de la voladura, el ex funcionario tal vez deba volver al banquillo.