La discusión sobre las reelecciones indefinidas de los intendentes bonaerenses tendrá el próximo lunes un capítulo que puede ser decisivo. El ministro de Gobierno de la provincia, Carlos Bianco, y la presidenta de la Comisión de Reforma Política del Senado provincial, Malena Galmarini, se reunirán con la intención de destrabar el proyecto que busca eliminar en PBA el límite de dos mandatos consecutivos establecido en su momento por la Ley 14.836.
El encuentro llega después de que Galmarini suspendiera la reunión de su comisión a la espera de una definición política del Ejecutivo bonaerense. La dirigente del Frente Renovador y esposa de Sergio Massa reclama que el proyecto impulsado por la senadora kicillofista Ayelén Durán no sea tratado únicamente en la Comisión de Legislación General, presidida por Germán Lago, sino que pase también por Reforma Política para debatirlo junto con un paquete más amplio que incluya la Boleta Única de Papel, las PASO y otros cambios electorales.
Detrás de esa discusión reglamentaria se esconde, de fondo, una disputa de poder dentro del peronismo. El kicillofismo pretende acelerar la derogación del límite de mandatos, mientras que el massismo busca ampliar el debate y conservar el control político sobre una de las reformas institucionales de mayor impacto electoral en la provincia.
Pero la reunión del lunes tendrá otro condimento: mientras el oficialismo kicillofista y el Frente Renovador buscan una salida legislativa, varios intendentes ya activaron un "plan B" para conservar la posibilidad de competir en 2027 si la derogación del límite de los dos mandatos finalmente fracasa.
"Plan B": licencias y la regla de los "dos años y un día"
La presión para avanzar con una reforma también responde a que varios intendentes comenzaron a recurrir a un artilugio jurídico basado en una interpretación de la Suprema Corte bonaerense.
Según esa interpretación, un mandato sólo se considera cumplido, a los efectos del límite de reelecciones, cuando el intendente ejerce el cargo durante al menos dos años y un día del período de cuatro años. Si solicita licencia antes de alcanzar ese plazo, el mandato queda interrumpido y así puede argumentar que no completó dos períodos consecutivos.
La estrategia ya fue utilizada por dirigentes de distintos espacios. Entre los casos más conocidos aparecen Mayra Mendoza, quien pidió licencia en Quilmes para asumir como diputada provincial; Mariano Cascallares, que hizo lo propio en Almirante Brown; Mario Ishii (José C. Paz); Diego Nanni (Exaltación de la Cruz); Germán Lago (Alberti); Esteban Acerbo (Daireaux); Marcos Pisano (Bolívar) y Javier Gastón (Chascomús). En la oposición también figura Diego Valenzuela, quien asumió como director nacional de Migraciones después de haber sido electo senador provincial.
Sin embargo, esa salida tiene límites. Depende de que esa interpretación judicial se mantenga vigente hasta 2027 y de que no prosperen eventuales impugnaciones ante la Justicia Electoral. Además, obliga a los intendentes a abandonar temporalmente la conducción de sus municipios. Por eso, para buena parte de los jefes comunales, las licencias funcionan como un reaseguro individual, pero no reemplazan una solución legislativa que elimine definitivamente las restricciones.
Un caso particular es la renuncia de Jorge Ferraresi a la intendencia de Avellaneda. Su salida fue leída dentro del peronismo bonaerense como un movimiento político para comenzar a construir una eventual candidatura a la Gobernación en 2027. En principio, este movimiento no aparece como un mecanismo para sortear el límite, sino como una jugada de proyección política. De todos modos, si prospera la reforma, Ferraresi podría volver a postularse para la intendencia.
Tregua peronista y pelea por el territorio
La discusión por las reelecciones llega en un momento particular de la interna peronista. La confrontación entre Axel Kicillof y La Cámpora dio paso a una tregua junto con Sergio Massa y Máximo Kirchner, acelerada por la debilidad legislativa que mostró el Gobierno nacional durante los debates por la ley de propiedad privada, la extranjerización de tierras y la ley de manejo del fuego.
Ese escenario empujó a los distintos sectores del peronismo a priorizar la unidad para enfrentar al Gobierno de Javier Milei, especialmente ante el intento libertario de modificar las reglas electorales y avanzar sobre las PASO.
La paz, sin embargo, está lejos de ser definitiva. La Cámpora tiene relativamente pocos intendentes directamente alcanzados por el límite de reelecciones y, por eso, la discusión puede convertirse en una pieza de una negociación más amplia, que incluye los pliegos judiciales, la integración de la Suprema Corte bonaerense y la conducción futura del PJ provincial.
Para Kicillof, en cambio, la cuestión tiene una dimensión estratégica. Como no puede aspirar a un tercer mandato como gobernador, necesita conservar la estructura territorial que puede sostener una eventual candidatura presidencial en 2027. Los intendentes aportan fiscalización, movilización y conocimiento territorial: son la estructura que permite transformar una candidatura en votos.
El Frente Renovador también modificó su posición respecto de 2016, cuando acompañó a María Eugenia Vidal en la sanción de la ley que limitó las reelecciones. Hoy Massa prioriza preservar la unidad del peronismo, aunque pretende que cualquier modificación forme parte de una reforma política integral y no de una derogación aislada.
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PRO y LLA negocian su propio acuerdo
Mientras el oficialismo intenta resolver sus diferencias internas, el PRO y La Libertad Avanza comenzaron a coordinar una estrategia común, en paralelo a las negociaciones que mantienen para definir su futuro electoral en la provincia.
El presidente del PRO bonaerense, Cristian Ritondo, y el armador libertario Sebastián Pareja rechazan la eliminación del límite de mandatos y sostienen que debe preservarse la alternancia. En paralelo, ambos espacios impulsan un proyecto para avanzar hacia una Legislatura unicameral mediante la eliminación del Senado bonaerense, bajo el argumento de reducir el costo de la política.
La UCR enfrenta una situación más incómoda. Aunque 17 de sus intendentes también quedarían impedidos de competir en 2027, el partido evita convertirse en la cara visible del reclamo para no asumir el costo político de defender las reelecciones indefinidas.
Si PRO y La Libertad Avanza consiguen consolidar un acuerdo parlamentario, el oficialismo deberá mantener cohesionada a toda Unión por la Patria y buscar apoyos adicionales en sectores de la oposición para alcanzar las mayorías necesarias.
