POLITICA

Lázaro Báez negó ante Casanello ser el dueño de Helvetic

El empresario detenido volvió a rechazar los cargos en su contra en un escrito que presentó, y se negó a responder preguntas. Galería de fotos

Báez llegando a Comodoro Py
| Cedoc

El empresario Lázaro Báez, detenido por supuesto lavado de dinero, negó este jueves ser el dueño de la sociedad Helvetic radicada en Suiza y rechazó responder preguntas ante el juez Sebastián Casanello que lo investiga en la causa denominada "Ruta del dinero K".

Báez presentó un escrito negando ser el dueño de Helvetic, una sociedad controlante de la financiera SGI conocida como "La Rosadita".

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Báez, preso en la cárcel de Ezeiza, debía ampliar su declaración indagatoria en la causa por la que fue arrestado, hace casi un mes y que investiga la llamada "ruta del dinero K". Se esperaba que aporte datos, luego de que el valijero y arrepentido Leonardo Fariña le recomendó públicamente al empresario que hable, la Cámara Federal de Casación Penal rechazó un recurso extraordinario que había presentado la defensa de Báez para insistir en su excarcelación.

"El tiempo que Lázaro Antonio Báez lleva privado de su libertad (desde el 5/4/2016) no luce irrazonable a la luz de lo previsto en el art. 1 de la ley 24.390, como así también del delito que se le imputa (lavado de activos, previsto en el art. 303 del C.P.)", dijeron los jueces Mariano Hernán Borinsky y Juan Carlos Gemignani, de la Sala IV de Casación. 

Además, los magistrados recordaron que el juez Sebastián Casanello y la Camara Federal luego tuvieron "en cuenta la amenaza de pena en abstracto que prevé el delito reprochado a Báez; la naturaleza económica del ilícito y el monto involucrado y no recuperado aún, demostrativa de la disposición de dinero con la que cuenta el grupo y la consiguiente posibilidad de manejar mayores relaciones económicas e influencias".

El fallo al que accedió DyN también remarcó que los delitos investigados se habrían llevado a cabo "al amparo de las estructuras de poder en torno al Estado", y resaltaron "las sospechas de actuación irregular por parte de funcionarios de la DGI, la PROCELAC y la Policía de Seguridad Aeroportuaria".

Y a eso le sumaron los jueces que "otros coimputados" denunciaron "haber recibido amenazas", se señaló. Con estos elementos, los jueces Borinsky y Geminiani resolvieron "declarar inadmisible el recurso de casación" que pedía la defensa de Báez.

Por su parte, el juez Gustavo Hornos también se pronunció por rechazar el planteo, con un voto propio en el que destacó "los sólidos fundamentos expuestos por el tribunal de a quo en modo alguno han sido rebatidos" por la defensa del empresario y aclaró que por ello no estaba "alegada ni demostrada una afectación suficiente, al menos a esta altura del proceso, para tachar -con sustento- de arbitraria" la decisión de mantenerlo preso.

Con esta decisión sobre sus hombros, Lázaro Báez fue trasladado mañana, desde la cárcel de Ezeiza hasta los tribunales de Retiro, para enfrentar nuevamente al juez Casanello.

El juez busca interrogarlo por las maniobras de lavado de activos que a través de la "autocompra o auto venta de títulos de deuda pública por parte de Helvetic Services Group SA" por unos 33 millones de dólares que fueron "insertados en el mercado local a partir de su depósito en una cuenta bancaria de Austral Construcciones S.A. en el Banco de la Nación Argentina, a través de nueve cheques por un total de $208.840.876, endosados por Jorge Chueco".

El pasado 18 de abril, Casanello procesó con prisión preventiva a Lazaro Báez y a su contador, Daniel Pérez Gadín, y dicto procesamientos para el resto de los imputados: los hijos de ambos, Martin Báez y Sebastian Pérez Gadín, el asesor Fabián Rossi, el presidente de la SGI (La Rosadita) Cesar Fernández y el titular de Top Air, Walter Zanzot.

Todavía no resolvió la situación procesal del abogado Jorge Chueco, detenido en Paraguay cuando se sospecha intento fugarse sabiendo que la justicia avanzaba sobre él.

La Sala II de la Cámara Federal fijó hoy audiencias para el próximo 16 de mayo con vistas a escuchar las apelaciones de estos imputados y luego definir si confirma los procesamientos.