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POLITICA / Fuero Penal Económico
martes 24 abril, 2018

Levantan el secreto en una causa por presunto lavado contra los Moyano

La Justicia investiga giros y transferencias sospechosas entre empresas de Patricio Farcuh y Moyano.

por Cecilia Devanna

Hugo y Pablo Moyano. Foto: Cedoc
martes 24 abril, 2018

La justicia en lo Penal Económico ordenó el levantamiento del secreto bancario en una de las causas que involucran al sindicalista Hugo Moyano. La orden fue dada por el juez Rafael Caputo, en el marco del expediente que se inició tras una denuncia de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de activos (PROCELAC), en enero pasado. Fue en medio del enfrentamiento entre el líder de Camioneros con el Gobierno nacional y alcanzó al Grupo OCA.

Según pudo saber PERFIL, tras el levantamiento, los investigadores avanzan con nuevas medidas y evaluarán los distintos movimientos. “A partir de ahora habrá que determinar, entre otras cosas, cuáles fondos vienen de la actividad lícita y cuales de posibles ilícitos”, detallaron fuentes del caso a Perfil. Las fuentes consultadas también resaltaron la cantidad de documentación que se analizará a partir de ahora, tanto de las personas como de las empresas denunciadas.

La presentación de PROCELAC alcanzó a Moyano y su hijo Pablo, junto al sindicato de Camioneros y otras empresas, de las que la más importante es OCA, y grupos presuntamente vinculados al líder sindical. Entre los denunciados está Patricio Farcuh, presidente de OCA, quien en las últimas horas denunció amenazas y anunció que se iría a vivir al exterior.

La denuncia inicial de la PROCELAC en este expediente daba cuenta de pases de fondos, giros y transferencias sospechosas, entre empresas de Farcuh y Moyano, lo que ahora es investigado. Para su denuncia, PROCELAC se basó en un informe reservado de la Unidad de Información Financiera (UIF). De acuerdo a ese informe, OCA donó 6,6 milllones de pesos a la Mutual de Camioneros y al Club del sindicato, ambos conducidos por Pablo Moyano.

Los denunciados, entre los que hay más personas físicas y jurídicas, están acusados por evasión impositiva y presunto lavado de dinero, a través del entramado de empresas. Las maniobras bajo la lupa datan desde el año 2008.

En el epicentro del entramado está el Grupo Rhuo, que en 2013 se adjudicó OCA, en 2013, por 60 millones de dólares. Tras eso comenzó a acumular fuerte deudas con el fisco. De acuerdo a la presentación de PROCELAC, retuvieron impuestos y aportes de personal, tercerizando tareas con una cooperativa.


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