El juez Claudio Bonadio dispuso este jueves realizar un peritaje contable a documentación secuestrada a distintas empresas vinculadas con la familia del sindicalista Hugo Moyano. El pedido tiene lugar en el marco de la investigación contra el sindicalista por el supuesto desvío de fondos de la obra social de Camioneros y del gremio.
Según pudo saber Perfil, el magistrado le dio un plazo de 45 días al Cuerpo de Peritos Contables de la Corte Suprema de Justicia, a quien ordenó la medida, para que complete el peritaje sobre los documentos secuestrados en las empresas Iarai, Dixey y Aconra. Entre la documentación recabada por la justicia en distintos allanamientos, hay desde registros contables desde el año 2009 hasta la actualidad. Junto a Bonadio, en la causa, interviene la fiscal Alejandra Mángano.
Las firmas fueron denunciadas por la legisladora Graciela Ocaña y están ligadas a la familia política de Moyano, en especial a su esposa, Liliana Zulet. De acuerdo a la presentación, Zulet figuraría en dos de ellas como accionista y en una como directora. Según la presentación de la legisladora, las firmas serían beneficiarias de supuestos desvíos de fondos del gremio y de la obra social de camioneros.
De acuerdo a la denuncia, la firma Irai es una prestadora médica que se convirtió en "la nave insignia y la principal sociedad utilizada para el traspaso de fondos desde la Obra Social de los Camioneros". Sobre Aconra, Ocaña detalló que "tuvo un crecimiento fenomenal, vinculándose exclusivamente con las actividades del Sindicato, la Obra Social y la Mutual de Camioneros".
Ocaña y Moyano mantienen un enfrentamiento desde hace varios años: la legisladora ya lo denunció en otras oportunidades. Este expediente, no obstante, se inició por una denuncia del ex titular de la UOCRA, Juan Pablo "Pata" Medina, que se reactivó este año a partir de las presentaciones realizadas Ocaña.
Moyano enfrenta varios frentes en la justicia, entre ellos en los departamentos de Morón y Quilmes, en la provincia de Córdoba y también en el fuero Penal Económico. En la causa que tramita ante la justicia federal de Quilmes, por lavado de dinero en el Club Independiente, esta semana se realizaron dos allanamientos a empresas de transportes.
Fue para buscar comprobantes de pagos del sindicato de Camioneros para traslados de la barra brava de Independiente a distintos partidos que disputó el club en el país. Los allanamientos realizados por Prefectura Naval tuvieron lugar en Almirante Brown y en la localidad de Morón, ambas de la provincia de Buenos Aires.
