"No estoy implicado en ningún caso de corrupción", bramó Hugo Moyano este miércoles, cierre de la masiva movilización contra el Gobierno de Mauricio Macri. La realidad del propio palco del acto, colmado de sindicalistas, desmintió su relato: Daniel Llermanos, abogado del camionero, escuchaba hablar a su cliente desde el escenario.
Ocurre que el Poder Judicial investiga al presidente de Independiente diversas causas de supuesta corrupción. En primer lugar, Graciela Ocaña, diputada nacional por Cambiemos, denunció un presunto desvío de fondos desde el gremio de Camioneros a empresas de la familia Moyano, como la obra social del sindicato. La sospecha de la Justicia es que hubo fraude en el gremio por el reintegro de fondos de la obra social por remedios oncológicos con comprobantes falsos.
La legisladora, quien denunció que fue amenazada de muerte este martes luego de ampliar la denuncia iniciada en 2006, pidió que la Superintendencia de Servicios de Salud designe un interventor de todas las empresas de la familia del presidente del Club Independiente. La causa está a cargo del juez federal Claudio Bonadio.
Por otro lado, Moyano tiene otra investigación en su contra llevada por el juez federal de Morón, Néstor Barral, por lavado de dinero en la compra de dos propiedades de lujo en Parque Leloir. La operación se habría hecho a través de dos empresas ligadas al jefe de Camioneros.
La semana pasada, el magistrado dispuso levantar el secreto bancario de Hugo Moyano, su esposa Liliana Zulet, su hijo Pablo Moyano y sus hijastros Valeria Salerno y Juan Manuel Noriega Zulet.
Por último, la presidencia del club de Avellaneda también lo involucra junto a su hijo por defraudación. Luego de las declaraciones como arrepentido del ex barra Bebote Álvarez, la Justicia imputó a los Moyano por operaciones irregulares desde la administración de la institución.
