La Cámara de Diputados debate formalmente una nueva Ley de Alquileres en la comisión de Legislación General que será tratada en mayo en el recinto, según el cronograma que se definió. La primera jornada de expositores no convocó a demasiados diputados a la sala principal del Anexo C, aunque estuvo marcada por la gran cantidad de expositores de todo el país que dejaron su mirada sobre el tema.
La jornada de trabajo de este martes 12 comenzó a las 13.30 con la titular de la comisión, Cecilia Moreau. Fue la primera jornada informativa de las cuatro que tendrá la Cámara baja. Estaban convocados 43 expositores, entre representantes de inmobiliarias, propietarios e inquilinos.
“Hemos intentado hacer un listado donde todas las partes estén representadas, básicamente con un criterio federal. No parece importante escucharlos y hacerles pregunta”, introdujo Moreau en el comienzo de la jornada. Acto seguido, dio paso al primer expositor de la jornada Giovanni Tessaro, jefe del Departamento Jurídico de la Dirección de Defensa del Consumidor Chaco.
“Aportamos siempre un asesoramiento de prevención, ya sea que se acuerde con inmobiliaria o dueño directo. Nos encontramos con una realidad, que muchos no está registrados, y por ejemplo, con la nueva ley optan por contratos que no cumplen con la ley. Aportan aumentos semestrales”, explicó sobre la problemática en su provincia
La sala (la más grande que se usa para el funcionamiento de las comisiones) estaba casi vacía, solo unos pocos diputados participaron de la jornada informativa. Algunos de los que estuvieron presentes, más allá de las autoridades de la comisión, fueron Daniel Arroyo, Margarita Stolbizer, Gisela Marziotta (que presentó su proyecto). En el fondo directamente no había nadie.
Uno de los puntos que estuvo sobre la mesa fue la desigualdad entre el propietario y el inquilino. Esto lo planteó Roberto Díaz, el presidente de la Unión de Inquilinos Rionegrinos: “No creo en la libertad de las partes porque termina ocurriendo que el inquilino se ve forzado a firmar cuestiones que están por fuera de la ley y sin respaldo del Estado para brindar un lugar a donde denunciar estas irregularidades”.
En las organizaciones de inquilinos, la principal preocupación no estaba ni en el plazo de los tres años de contrato que fijó la ley vigente ni en la fórmula de actualizaciones. Se enfocaron en la necesidad de llevar adelante políticas públicas que hicieran más accesible la vivienda para los distintos sectores sociales.
“Lo que se está legislando es un derecho constitucional como el acceso al hábitat y a la vivienda. Necesitamos exponer la gravedad de la problemática habitacional que hay en nuestro país en cuanto al acceso a la vivienda en alquiler”, señaló Daniela Gargantini, del Centro Experimental de la Vivienda Económica, que pertenece a la Universidad Católica de Córdoba. “No creo en la libertad de las partes porque termina ocurriendo que el inquilino se ve forzado a firmar cuestiones que están por fuera de la ley", completó.
En marzo, los alquileres en CABA aumentaron hasta 12,5%
En cambio, la mayoría de gremiales inmobiliarias insistieron en modificar el tiempo de los contratos y la fórmula de actualización. “El índice refleja bien la inflación, pero ha quitado a las partes la posibilidad de negociar la condición del precio. Al hacerse de forma generalizada no distingue el tipo de producto, sea económico, premium, ubicación, costos fijos”, señaló Martín Sironi del Colegio de Corredores Inmobiliarios de Chaco.
El debate continuará el martes 19 y miércoles 20 de 13 a 17 con más expositores de distintas corrientes. La intención de la comisión es seguir trabajando así hasta el 27 de abril. Para esa fecha tienen previsto pasar a la firma del dictamen.
En paralelo, los asesores de los distintos bloques empiezan a trabajar en conjunto para encontrar un texto en acuerdo entre Juntos por el Cambio y el Frente de Todos. La intención es que salga la nueva ley por amplia mayoría, pero lo cierto es que al comienzo del debate hay iniciativas muy distintas. Estas van desde desregularizar plenamente hasta imponer un impuesto a la vivienda ociosa.
