Desde este jueves 12 de febrero a las 11, la Cámara de Diputados debatirá el proyecto de Ley Penal Juvenil, que baja la edad de imputabilidad 14 años, entre otras modificaciones. La iniciativa oficialista se tratará en el recinto tras obtener el apoyo en un plenario de las comisiones de PRO, la UCR, el MID y bloques provinciales.
Tras obtener media sanción en el Senado de la reforma laboral, el gobierno de Javier Milei buscará este jueves garantizar la media sanción de un nuevo esquema que remplace el Régimen de Minoridad (Ley 22.278), sancionado en 1980. Durante la sesión especial de este jueves también se tratará el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.
La propuesta del Ejecutivo nacional reduce de 16 a 14 años la edad mínima de imputabilidad penal para delitos graves como homicidio, robo con violencia, abuso sexual o secuestro, y establece una pena máxima de hasta 15 años de prisión, sin la posibilidad de dictar una condena perpetua.
A su vez, la reforma indica que los menores no deben compartir lugares de reclusión con adultos y contempla distintas sanciones alternativas a la prisión para los delitos con una escala penal sea inferior a los 10 años, como amonestaciones, monitoreo electrónico, prohibición del contacto con la víctima, conducción de vehículos y a la salida del país.
Ante el plenario de las comisiones de Legislación Penal, Familia y Niñez, Presupuesto y Justicia de este miércoles, el Gobierno presentó u proyecto de la ley establecía la reducción de la edad de imputabilidad a 13 años, aunque fue modificado ante el rechazo de sus aliados del PRO y la UCR, quienes fijaron el límite en 14.
A su vez, La Libertad Avanza oficializó en su dictamen una partida presupuestaria para el nuevo régimen, acordado en el dictamen del Gobierno. El monto se fijó en $23.739.155.303, de los que $20.607.158.518 corresponden a la Defensoría General de la Nación y $3.131.996.784 al Ministerio de Justicia.
En el proyecto inicial, presentado por el Gobierno el año pasado, indicaba que los gastos para la reforma serían cubiertos mediante reasignaciones de partidas, a cargo del jefe de Gabinete. Este punto generó el rechazo de los gobernadores, que amenazaron con no apoyar la ley si los costos serían asignados a las provincias.
De acuerdo al texto oficialista, el monto asignado a Justicia se ejecutará para definir a los "supervisores", encargados de permitir el "adecuado seguimiento y supervisión de cada uno de los adolescentes imputados". Entre sus tareas está "mantener entrevistas semanales con el adolescente y seguir, asistir, supervisar y controlar su evolución durante el proceso y su detención".
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En el plenario de comisiones de la Ley Penal Juvenil se firmaron cinco dictámenes opositores: dos de rechazo (uno del Frente de Izquierda y otro del diputado catamarqueño Sebastián Nóblega), dos que también fijan la edad de imputabilidad en 14 años (Provincias Unidas y el Frente Renovador) y el de la mayoría de Unión Por la Patria, que se posiciona como la segunda propuesta con mayor respaldo.
La iniciativa principal de UP mantiene la imputabilidad en 16 años y establece que las penas no podrán superar los 10 años de prisión. Además, habilita la libertad condicional tras cumplir la mitad de la condena, limita los traslados discrecionales y prohíbe la prisión preventiva salvo casos excepcionales de peligrosidad.
En paralelo, el Frente Renovador presentó un proyecto que baja la edad a 14 años, en línea con el Código Penal impulsado por Sergio Massa en 2015. Aunque cuestionan la falta de un plan maestro de infraestructura específica, desde el espacio adelantaron que acompañarán en general la reducción de la edad para sostener su “posición histórica”.
La iniciativa del interbloque Unidos, con excepción de los diputados cordobeses, también propone fijar la punibilidad en 14 años, pero con un régimen especializado y establecimientos dirigidos por civiles, por fuera del sistema penitenciario.
Uno de los puntos críticos del debate es la infraestructura, dado que plazo de adecuación del proyecto es de 180 días. Según datos oficiales, existen 100 establecimientos especializados en el país, concentrados principalmente en Buenos Aires y Santa Fe, mientras que 17 provincias no tienen más de tres unidades y Tierra del Fuego no cuenta con ninguna.
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Desde el Comité Nacional Para la Prevención de la Tortura (CNPT) advirtieron que los establecimientos "en muchos casos no respetan los estándares mínimos de alojamiento en cuanto a metrajes mínimos, diseño y distribución de los espacios" y "se asemejan a pequeñas cárceles, con rejas, puertas con candados y aislamiento constante”.
Hasta el momento, LLA cuenta con el apoyo del PRO, la UCR, MID, el interbloque Unidos y bloques provinciales como Independencia (Tucumán), Producción y Trabajo (San Juan) e Innovación Federal (Salta y Misiones), suficiente para alcanzar el quórum y la media sanción del proyecto. Sin embargo, desde algunas fuerzas adelantaron que pedirán modificaciones respecto al financiamiento para garantizar que las menores no compartan alojamiento en lugares donde hay mayores.
TV/ff
