Lidia Papaleo de Graiver y su hermano Osvaldo comparecieron esta tarde ante el fiscal Hernán Shapiro, de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las causas por violaciones a los derechos humanos cometidas por el terrorismo de Estado.
Los hermanos Papaleo, que son dos testigos clave para sustentar la versión del Gobierno que presentó Cristina el martes, concurrieron a los tribunales platenses, pero Osvaldo no declaró y se retiró sin hablar con la prensa, tras comparecer en la causa en la que imputó a Norberto Cozzani, un ex cabo de la Policía Bonaerense acusado por crímenes del centro clandestino de detención Puesto Vasco (en Quilmes), donde estuvo presa Papaleo.
Shapiro y su colega Carlos Dulau Dumm integran la Unidad, que es coordinada por el fiscal Marcelo Molina, en la cual el juez Arnaldo Corazza delegó el expediente judicial para que se investigue, como dice el Gobierno, una posible relación entre delitos de la dictadura y la venta de Papel Prensa.
Lidia Papaleo fue dueña de Papel Prensa. Su hija con David Graiver, María Sol, explicó ayer que no tiene ningún reclamo contra los accionistas privados de Papel Prensa. Esta semana, además, se dio a conocer una carta dirigida a María Sol en la que Isidoro Graiver contradecía la posición de Papaleo y el Gobierno.
La viuda de Graiver hizo su exposición en el marco de una causa donde se investigan los crímenes perpetrados en el llamado "circuito Camps", que conducía el ex jefe de la Policía Bonaerense.
Hugo Wortman Jofre, letrado de los diarios Clarín y La Nación, quien aclaró que no estuvo en la audiencia pero recabó información, ratificó que todavía no hay ninguna denuncia del Gobierno por los hechos que habrían ocurrido según la versión que narró la presidenta Cristina Fernández esta semana en la Casa Rosada, en el marco de un acto organizado especialmente.
Wortman Jofre contó que Lidia Papaleo reiteró en la audiencia que "firmó la documentación estando en libertad", en referencia a la venta de las acciones de Papel Prensa, dato que ya se había difundido.
Esta aclaración está relacionada con la afirmación del Gobierno de que la familia Graiver había vendido las acciones coaccionada durante dictadura militar.
Fuente: DyN
