Exigir a las organizaciones sociales rendir cuentas de cada peso que utilizan desde el Estado es una obligación. Y una urgencia. La gran mayoría de las "orgas" surgieron con la explosión del 2001. Grupos piqueteros que se fueron transformando hasta llegar a lo que son hoy: verdaderas estructuras de poder.
Crecieron de forma impactante durante los años del kirchnerismo y se terminaron de instalar en la agenda del poder con el macrismo. Bajo la excusa de garantizar “la paz social” no hubo un solo gobierno que les exigiera rendir cuentas. Ahora están en una nueva etapa. Entraron de lleno al Estado. Están de los dos lados del mostrador. Reclaman fondos pero también los controlan. Y cada vez que alguien quiere conocer los números, la mayoría de ellos se defiende con la frase de "criminalizar la protesta social".
Lo cierto es que hoy estas organizaciones administran, entre otras cuestiones, 570 mil planes. Es un presupuesto de 4.845 millones de pesos por mes por el pago de 8.500 pesos a cada beneficiario que en muchas ocasiones es explotado en jornadas de 12 o 14 horas a riesgo de perder ese "beneficio". Los nuevos punteros son los titulares de las cooperativas, que brotaron a la velocidad de la luz. Además de los planes también manejan dinero para obras y proyectos sociales. Bajo el paraguas de la representación popular se montó una enorme estructura que el Estado no controló jamás.
Arroyo no pudo quitarle los planes sociales a las organizaciones y creó otros 200 mil
Las obras que realizan las cooperativas se hacen con dinero público. El pago de salario a los trabajadores también. Si es dinero del Estado hay que exigir fiscalización. No sea cosa que se trate de empresas privadas que funcionan como supuestas cooperativas. Ahora también comenzaron a manejar cajas muy importantes en lo que es la obra pública clásica y la urbanización de los barrios populares. Este último es el mejor ejemplo. Durante la semana la caja pasó a la órbita del ministerio de Desarrollo Social y es un presupuesto de, mínimo, 8.800 millones de pesos. Pero podría aumentar hasta 45 mil millones si se aprueba la ley de impuestos a grandes fortunas. Pasaron a ser un sector clave en una Argentina donde más del 40 por ciento de su población está bajo la línea de la pobreza.
¿Cómo administran el dinero? ¿A quién rinden cuentas? ¿De quiénes son las cooperativas o las empresas constructoras que hacen los trabajos? ¿Quién los audita? ¿De qué viven? ¿Cómo financian las campañas? Son preguntas que nunca tuvieron respuestas. Es hora de exigirlas.
