Está acusado de haber “marcado” y separado de sus funciones a docentes tildados de “subversivos”, que luego desaparecieron durante la dictadura. Sin embargo, Mario Casalla dicta y coordina cursos en el Instituto Nacional de Revisionismo Histórico “Manuel Dorrego”, que depende del Ministerio de Cultura.
Casalla dirigía el Departamento de Humanidades de la Universidad de Salta, y luego fue su secretario académico durante la intervención universitaria que desplazó a la dirección de la izquierda peronista. Cuando se produjo el golpe de Estado, la universidad fue tomada militarmente, y Casalla, desplazado. Luego, Casalla entregó un texto de descargo ante el Destacamento de Inteligencia Militar 143 para señalar la falacia cometida al cesantearlo. Allí Casalla admite haber depurado ideológicamente el programa y el plantel de “infiltrados subversivos” en coordinación con las fuerzas de seguridad. El documento, que integraba los archivos de la Comisión Provincial de la Memoria, fue puesto a disposición de la Justicia. Por ese documento, Martín Avila, delegado en Salta de la Secretaría de Derechos Humanos, lo denunció en 2011 como “autor mediato” de la desaparición de Miguel Angel Arra. “Enviamos los informes a la Justicia. Es un tema que todavía debe resolverse”, explica Avila a PERFIL.
Ana Simenen, entonces docente de Antropología, se careó a fines de 2012 con Casalla en el juicio por la desaparición del gobernador Miguel Ragone. “Me encontré con Casalla para saber cómo sería mi continuidad en la UNSA. Me dijo que en Gendarmería le habían dicho que había gente de Montoneros y de la JP. Me preguntó por nombres. ‘¿Usted es compañera de Gema Fernández Arcieri? ¿De Graciela Muscariello?’. Mi impresión era que quería saber qué era lo que yo sabía. Me dio temor. Yo le dije que eran mis compañeras y que no sabía mucho”. Fernández Arcieri fue cesanteada. Después, desaparecida. Muscariello también cesó en sus funciones, y fue asesinada luego en Tucumán.
Esas denuncias habían llegado a la UBA en 2012, donde él daba clases y donde la Asociación Gremial Docente pidió y logró su suspensión. “Casalla, en la presentación de sus antecedentes, había omitido toda referencia a su actividad en Salta”, recuerda Ileana Celoto, actual secretaria general del gremio en la UBA. “Una persona que facilitó la acción de las fuerzas represivas no puede formar a otra persona”. El decanato levantó la suspensión, ya que no había condena judicial, y luego Casalla se jubiló en la UBA. Pero volvió a la docencia en el Instituto que depende del Ministerio de Cultura.
PERFIL habló con Luis Launay, director del Instituto Dorrego: “Sabía de las acusaciones. Pero la Justicia no se ha expedido, y por lo tanto no tiene sentido actuar como si fuera culpable. Conozco al compañero Casalla y, por sus antecedentes, confío en que las denuncias serán aclaradas”. Este diario intentó comunicarse con Casalla pero fue infructuoso. Tampoco hubo respuesta por parte del Ministerio de Teresa Parodi.
El descargo ante los uniformados
En su descargo ante la dictadura, Casalla dijo: “Ya en el gobierno universitario, durante los años 74 a 76, procedí a depurar ideológicamente el departamento más conflictivo e infiltrado subversivamente de la Universidad (Humanidades), di de baja docentes directamente ligados a la subversión (puede solicitarse la nómina en la Secretaría Académica de la UNSA), revisé y promulgué nuevos planes de estudios dejando de lado los anteriores contenidos marxistas y enfrenté ante la opinión pública del momento las consecuencias de todas esas medidas. De todo ello tienen constancia los organismos de seguridad de la Pcia. y muy especialmente la Policía Federal (Delegación Salta), entonces comandada por el comisario Livy y con el principal Faber al frente de inteligencia subversiva. Se trabajó estrechamente con todos esos organismos procediéndose a una prolija revisión de antecedentes antes de cualquier baja o alta de personal. Lo mismo puede decirse de la Policía Pcial., de Gendarmería y de la Guarnición Militar Salta”.
