Lobby empresarial para entrar al negocio del voto electrónico

El proyecto para que, a partir de las elecciones del año próximo, se utilice el sistema de Boleta Unica Electrónica despertó un intenso lobby de las empresas para incidir sobre el sistema que finalmente decida utilizar el Gobierno. En el fondo hay un millonario negocio, del que por lo menos tres empresas no se quieren quedar afuera.

Las firmas con experiencia en voto electrónico ya presentes en el país son tres: MSA (la que organizó las elecciones en Capital y Salta), Smartmatic e Indra. Lo que descolocó a las empresas es que el Gobierno decidió comprar las máquinas y contratar el software por separado. El encargado de llevar ese proceso adelante será Andrés Ibarra, ministro de Modernización. El objetivo es que, en primer lugar, signifique un ahorro para el Estado y, además, poder reutilizar esas máquinas en escuelas u organismos, para algún proyecto específico.

Para el oficialismo, eso permitirá que las computadoras no queden en desuso durante los años en los que no hay elecciones. Para las empresas, sin embargo, se corre el riesgo de que se dañen y el costo termine siendo mayor. Y aseguran que utilizarlas con otro software puede significar un riesgo para la seguridad que se requiere en un proceso electoral.

Cada máquina tiene un valor estimativo de US$ 800, y se está pensando en comprar unas 130 mil (se vota en 90 mil mesas). Eso lleva el costo a más de US$ 100 millones. Ese monto no figura todavía en el presupuesto 2017 de Modernización. Lo que sí figura es que la cartera de Interior, que conduce Rogelio Frigerio, tendrá $ 6 mil millones para organizar las elecciones parlamentarias. Es un 30% más que los $ 4.600 millones que se gastaron en 2015.

Donde hay más dudas es en el tema del software, es decir, el programa que utilizarán las máquinas para mostrar las opciones en pantalla, imprimir las boletas y contabilizar los votos. En un momento se especuló con que el Gobierno quería desarrollar su propio software, pero la idea que más prima ahora es la de licitarlo y dividirlo en tres partes (desarrollo, mantenimiento y seguridad), para no darle el negocio “llave en mano” a ninguna empresa.

“Cada una de las empresas está haciendo su lobby, hablando con los funcionarios que conoce, porque siempre quieren que sea llave en mano (todo el paquete junto)”, relata una fuente gubernamental.

Todo el proceso estará condicionado también por lo que se termine votando en el Congreso. No es lo mismo si se va a usar en 2017 el voto electrónico en todo el país o si se empezará por algunas provincias.

En Modernización ya están preparando los pliegos para la compra de las máquinas. Los tiempos son muy justos, por lo que esperan que apenas unas semanas después de que la reforma electoral sea ley se abra la licitación. Entre los potenciales proveedores hay empresas de Corea del Sur, China y algún país europeo. Y no descuentan que alguna firma argentina lo pueda hacer, aunque ahí el problema podría ser de costos.