De concretarse, sentaría un antecedente saludable al momento de juzgar hechos de corrupción. María Julia Alsogaray deberá devolver al Estado un total de $ 3.179.207,05 por haberse enriquecido de forma ilegal durante el menemismo. Y CIPCE, una reconocida ONG que trabaja en temas de corrupción, está pidiendo que esa dinero sea donado al Hospital Garrahan.
"Entregar el dinero al Hospital de Niños va a tener un efecto simbólico muy importante en términos de sanción de corrupción", señaló Pedro Biscay, titular del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE), en diálogo con Perfil.com.
En Argentina no hay, al menos hasta ahora, casos donde se hayan incauto, rematado y embargado bienes de funcionarios enriquecidos y que se hayan devuelto al Estado. "Este caso de corrupción es importante porque sienta jurisprudencia en torno a cómo sancionarlos", dice Biscay. De hecho, desde CIPCE confían en que se plantee un nuevo principio de trabajo dado que puede rendir sus frutos. "En el caso IBM - Banco Nación va a pasar lo mismo porque hay cuatro millones y medio de dólares de origen ilícito localizados en cuentas en Suiza", añadió Biscay.
Según Cecilia Vázquez, encargada del Area de Litigio del organismo, esta resolución tiene dos efectos: "por un lado es una estrategia de lucha contra la corrupción y por el otro repara el daño, pero también es una forma de 'intimar' a los funcionarios a que no cometan delitos". Al mismo tiempo, el imaginario colectivo es claro: "Lo que sucede en estos casos es que nunca van presos".
La causa de Alsogaray es emblemática dado que nunca pudo explicar el origen de su fortuna. Desde el Centro contabilizaron por lo menos seis propiedades a su nombre en Capital Federal, una bóveda en el cementerio de la Recoleta y dos departamentos frente al Central Park de Nueva York.
