El gobierno de Cristina Kirchner enfrentó desafíos en las calles de numerosos sectores: piqueteros, ruralistas, caceroleros, sindicatos y hasta fuerzas de seguridad. Llega al último tramo de su mandato con tranquilidad a pesar de que el año se inició con la movilización por la muerte de Alberto Nisman y que se realizaron dos paros generales, con fuerte acatamiento gracias al impulso del transporte, en pleno año electoral.
Las claves para esta situación están, según los impulsores de los desafíos más fuertes contra el Gobierno, en una relativa tranquilidad económica, en el uso clientelar de planes sociales y el horizonte de recambio político.
Para el secretario general de la CTA Autónoma, Pablo Micheli, hay “un leve repunte en la economía que no es más que un parche, pero eso puso un poco el freno a la unidad de acción”. Además, indicó que están “estudiando la posibilidad de organizar una protesta nacional en septiembre”, pero reconoció que en sus últimos contactos con la CGT encontró poco entusiasmo.
La central opositora impulsó junto a las CGT de Moyano y Barrionuevo y la Confederación Argentina de los Trabajadores del Transporte (CATT) las últimas medidas de fuerza que paralizaron al país el 31 de marzo y el 9 de junio. Uno de los principales armadores de la CATT reconoció también que “no hay ánimos para más paros generales” porque ya saben “que este gobierno no reacciona con nada”. También se indicó que el propio Moyano está reacio a cualquier medida, ya que teme que lo traten como “destituyente”.
El factor electoral. El inminente cambio de gobierno también es un factor que reconocen como desmovilizador entre los promotores de los cacerolazos más masivos. “Hoy hay que enfocar la energía en la elección, porque las protestas cobran sentido en el momento en que hay que poner un freno”, explica Carlos Correa, integrante del movimiento social disperso que impulsó los cacerolazos y administrador de la página de Facebook El Cipayo. Correa explicó que ahora no surgen ni siquiera las iniciativas de protestas desde páginas más pequeñas en términos de seguidores, algo que ocurría de manera casi permanente desde el inicio de las protestas en 2012.
En total, hubo cinco cacerolazos masivos, aunque el pico se dio entre el 20 septiembre de 2012 y el 18 de abril de 2013. A partir de la movilización del 8 de agosto, la concurrencia se fue reduciendo y la última convocatoria fue en noviembre del año pasado, con un bajo impacto en comparación con los primeros cacerolazos.
Denuncias de clientelismo. Desde el movimiento piquetero, Daniel Menéndez, de Barrios de Pie, identifica al “uso clientelar de los planes sociales” como un factor clave para desactivar los reclamos. Sin embargo, también admite que la elección influye: “Todos los movimientos tienen sus apuestas electorales, lo que lleva energía puesta en la búsqueda de votos”.
En la mayoría de las organizaciones piqueteras se reconoce que la cooptación de sectores antes combativos fue importante para frenar el ímpetu que alcanzaron sus protestas a partir de 2009. Algo similar ocurrió con los sectores rurales. En marzo de 2015, tras varios intentos, el Gobierno logró romper la mesa de enlace gracias a un acercamiento a la Federación Agraria Argentina que hoy modera los efectos de las protestas que impulsan los ruralistas.
