POLITICA
En sesiones extraordinarias

Los cuatro proyectos de ley que el gobierno busca aprobar en febrero

El gobierno de Javier Milei, con las bancas recientemente renovadas a su favor, el 10 de diciembre, busca aprobar cuatro de sus caballitos de batalla en sesiones extraordinarias durante febrero.

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Motosierra. Se perdieron más de 60 mil puestos públicos. | Presidencia

Tras los cambios ocurridos en el Congreso el 10 de diciembre con la asunción de los nuevos diputados y senadores electos en octubre, el gobierno busca utilizar los números a su favor para poder sacar adelante leyes que, hasta el momento, solo eran ideas.

Motivados por las aprobaciones definitivas del Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal, de las sesiones extraordinarias de diciembre, quedan cuatro temas clave para tratar en febrero. Se trata de la Ley de Compromiso Nacional por la Estabilidad Fiscal y Monetaria, las modificaciones a la ley de Glaciares, la reforma laboral y el nuevo Código Penal.

La intención del gobierno es realizar un segundo llamado a sesiones extraordinarias entre el 2 y el 27 de febrero, según pudo averiguar la Agencia Noticias Argentinas, para comenzar las sesiones ordinarias con estos temas ya resueltos.

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Congreso

La Ley de Compromiso Nacional por la Estabilidad Fiscal y Monetaria

La llamada "regla fiscal" busca regular los gastos de funcionarios públicos y directores de bancos, mediante sanciones ante gastos innecesarios, desmedidos o que generen distorsiones en el esquema de emisión monetaria. La intención es seguir reduciendo gastos y aplicar, cada vez más, la lógica de que se gaste menos de lo que ingresa.

La importancia de esta ley se entiende, en un contexto en el que el gobierno está perdiendo ciertos incentivos que solía percibir, por diversas medidas como la baja de la alícuota de Bienes Personales, la reducción del impuesto a las Ganancias para empresas grandes, la caída de impuestos internos a la electrónica y venta de automóviles, la baja de retenciones a determinados granos de exportación y otras políticas similares.

La ley tiene dictamen vigente, pero ante el bajo quorum y el peligro de que se cayera la sesión, en la que también se trataron el Presupuesto y la ley de Inocencia Fiscal, se levantó la sesión y el texto no pudo tratarse.

Las modificaciones de la Ley de Glaciares

El objetivo principal de esta modificación es el de descentralizar de las provincias el control y la regulación de las explotaciones de recursos mineros e hidrocarburíferos en zonas periglaciares, con el objetivo de destrabar y multiplicar inversiones en el sector.

La disputa ante esta ley surge ya que las zonas periglaciares, que normalmente se encuentran cercanas a los glaciares, son de vital importancia para la regulación de los recursos hídricos, ya que sus suelos suelen ser helados o contener abundante cantidad de agua. Además, la oposición argumenta que la normativa va en contra de la protección del agua, no controla los riesgos de contaminación por parte de la minería y extracción de petróleo y no actúa en favor de la conservación de los glaciares.

Sin embargo, ya recibió dictamen por parte de la cámara de senadores y restaran los debates para su implementación.

Reforma laboral

La "modernización laboral" como la llaman sus creadores, es la gran apuesta del gobierno, pero también la gran controversia.

Las reuniones de debate y aproximación temática comenzarán incluso antes que las sesiones, probablemente los últimos días de enero, ya que la sesión para la reforma tiene su fecha tentativa el 10 de febrero. Durante diciembre, Patricia Bullrich tuvo intenciones de que la ley fuera tratada por completo, pero solo pudo obtener el dictamen en el Senado ya que, la gran movilización de la CGT, sumada a los ya álgidos debates por el Presupuesto 2026, denotaron que el momento no era óptimo para sumar otra polémica.

Los principales objetivos son los de bajar los costos laborales y reducir la litigiosidad laboral, pero el abanico de modificaciones es amplio y sustancial.

Lo que más alerta y despierta oposiciones es la eliminación de las cuotas solidarias, que actualmente se derivan involuntariamente a los gremios y, con la reforma pasarían a tener que estar consentidas por los empleados.

Otra disputa se da en torno al fin de la ultraactividad de los convenios colectivos, que es una cláusula por la cual los convenios mantienen sus efectos, aunque estén vencidos sus plazos hasta que no se firme un nuevo acuerdo paritario.

La presencia de los sindicatos también se ve limitada, ya que se busca consagrar una nueva lógica en la que se priorice la relación con la empresa por sobre la de la actividad. Además, de la implementación de bancos de horas, mediante los cuales el empleador podría modificar la distribución horaria del empleado -siempre manteniendo el límite de 40 horas semanales- de manera arbitraria ya que no reconoce a la relación como igualitaria. Además, se buscan establecer pautas salariales por rendimiento y productividad.

La propuesta apunta a bajar el costo de despedir personal mediante la reducción de las indemnizaciones. Esto se lograría dejando afuera de la liquidación final vacaciones, aguinaldo y otros adicionales.

Otros puntos son el fraccionamiento de las vacaciones, y la modificación de los plazos de preaviso por extinción del contrato laboral.
También se elimina la responsabilidad solidaria de empresas que tercerizan servicios a través de otras empresas.

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Reforma del código penal

Mediante la reforma del código penal, el gobierno busca actualizar una normativa que está vigente desde el 1921 y, aunque ha tenido algunas reformas y parches, nunca fue modificada en profundidad.

Como principales puntos, incluiría la imprescriptibilidad de delitos gravísimos como homicidios, abusos sexuales, trata, narcotráfico y delitos de lesa humanidad, endurecimiento generalizado de penas para todo tipo de delitos, aunque con mayor profundidad en los casos de corrupción y narcotráfico. Baja de la edad de imputabilidad, la ley “antimafia”, ley de reiterancia y ley de juicio en ausencia.

Además, crea un capítulo entero dedicado a los delitos informáticos, que incluye la creación de contenidos sexuales falsos con IA, porno venganza, grooming o acoso sexual cibernético, phishing o estafas para obtener datos confidenciales, entre otros, una deuda que se tiene con la sociedad hace tiempo.

La fecha en la que se ingresará el proyecto todavía es incierta, pero lo que es seguro es la intención de Javier Milei y todo su equipo de resolverlo lo antes posible.

RG cp