El paro del 31 de marzo consolidó a los gremios del transporte como el árbitro clave que puede garantizar el éxito de las medidas de fuerza. Mostraron, como le gusta señalar a un dirigente del rubro, que son “la infantería” del sindicalismo. En particular, los colectiveros de la Unión Tranviaria Automotor (UTA), que dirige Roberto Fernández, demostraron que pueden marcar una enorme diferencia en la adhesión. El alto impacto de la última huelga contrastó con el efecto del paro realizado el 28 de agosto pasado, sin adhesión de los conductores de micros de corta y larga distancia.
Este dato deja una sombra de dudas sobre la posibilidad de que pueda darse continuidad al “plan de lucha”, pese a que Hugo Moyano (CGT Azopardo), Luis Barrionuevo (CGT Azul y Blanca) y Pablo Micheli (CTA autónoma) hablaron sobre un posible paro de 36 horas durante una conferencia realizada en la tarde del martes.
El secretario de prensa de la UTA, Mario Calegari, impuso una condición de cumplimiento imposible: pidió que una nueva huelga sea convocada por las tres CGT, incluida la oficialista que lidera Antonio Caló (Unión Obrera Metalúrgica). Los dirigentes que hace pocos meses alentaban la idea de una convergencia previa a las elecciones, hoy reconocen que esto no ocurrirá antes de las generales.
¿Podrían las centrales convocar a un paro sin los colectiveros? Esta era una opción que se evaluaba en las horas previas al paro del 31, indicaron entonces a este medio tres secretarios generales.
Estaba fresca en la memoria el paso al costado que, a último momento, dio la UTA el año pasado, moderando el impacto que tuvo el paro del 28 de agosto último. Sin embargo, tras el éxito del martes, realizar un nuevo paro un mes después dejaría el camino abierto a una comparación incómoda.
Es cierto que Caló ofreció, por primera vez, libertad de acción a sus afiliados para el “31M”. Según indicaron a PERFIL tres dirigentes de base, esto ocurrió por la presión ejercida en las asambleas realizadas en las principales fábricas del país y reuniones de seccionales del interior. Sin embargo, esto difícilmente pueda augurar una adhesión desde la central oficialista a una nueva huelga general: Caló, junto con los principales gremios industriales de la CGT oficialista ya expresaron su apoyo a la campaña presidencial de Daniel Scioli.
Los sindicalistas más afines al oficialismo esperan una modificación del mínimo no imponible en los próximos meses, pero casi todos admiten que esto será el fruto de las especulaciones electorales antes que de las gestiones de los dirigentes gremiales. Desde uno de los principales gremios de la central, admitieron que “el año pasado se logró una suerte de unidad de acción, con Moyano amenazando con el paro y nosotros logrando una concesión en ganancias, pero ahora el Gobierno se cerró aún mas”.
