“Este decreto termina, creo, con el último de los secretos de Estado”, afirmó Cristina Fernández de Kirchner al anunciar el martes la desclasificación del Informe Rattenbach sobre Malvinas.
Sin embargo, no es exactamente así. Primero, porque toda la documentación relacionada con Malvinas que elaboró la Cancillería desde el principio del conflicto aún se mantiene bajo reserva pues nunca se elaboró una normativa para la desclasificación de material oficial, tal como ocurre en Gran Bretaña.
Segundo, porque toda la documentación de Defensa sobre el conflicto del Atlántico Sur, incluidas las actuaciones de la justicia militar durante la guerra, sigue bajo llave porque un decreto de enero de 2010 exceptuó esos archivos de una apertura masiva.
En el material del Ministerio de Relaciones Exteriores deberían constar los diálogos mantenidos por funcionarios de esa cartera con sus pares británicos en relación con las distintas alternativas que se evaluaron antes de la guerra para negociar una salida al conflicto, incluyendo las posibilidades del retroarriendo o la soberanía compartida.
También deberían estar los diálogos de 1982 entre Leopoldo Galtieri y el secretario de Estado norteamericano Alexander Haig, cuando las tropas argentinas ya habían desembarcado en las islas.
Pero no hay certezas al respecto porque esa documentación sufrió mudanzas, sustracciones por parte de funcionarios y quema por parte de los militares. Nunca nadie se encargó de clasificar y cuidar el material.
Y puntualmente los papeles vinculados con el período de la guerra tuvieron un derrotero insólito. El canciller de Galtieri, Nicanor Costa Méndez, se llevó todo el material a su casa cuando terminó la guerra. Allí lo tuvo hasta que falleció.
Su esposa lo cedió al Consejo Argentino de Relaciones Internacionales (CARI) porque no sabía qué hacer con unas veinte cajas que había heredado.
Tras una década en esa institución, sus autoridades resolvieron en 2007 devolverlas a Cancillería, y allí permanecen en reserva porque el Gobierno entiende que su contenido se encuadra dentro de las excepciones previstas por el decreto 1172 de 2003, por el que Néstor Kirchner estableció el libre acceso a la información pública; su contenido podría servir para demostrar las concesiones que Londres estaba dispuesta a hacer.
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