Los planes del oficialismo: desfile de testigos, y dos posibles dictámenes contra los jueces
El pedido de juicio político incluye una citación a casi 50 testigos. La mayoría con la que cuenta el oficialismo en la comisión hará que pueda avanzar el dictamen contra el máximo tribunal. También podría haber otro dictamen ya que la oposición tiene presentadas denuncias contra Ricardo Lorenzatti. El oficialismo sabe que habrá muchos testigos que se ausentarán ya que no tienen la obligación de asistir cuando sean convocados.
El Frente de Todos presentó el pedido de juicio político contra los cuatro integrantes de la Corte Suprema. |
CEDOC PERFIL
“La Corte Suprema privilegió, de manera ostensible e infundada, un acuerdo político partidario que a partir de 2016 promovió elevar el coeficiente de coparticipación del distrito más rico del país. Esto así, en tanto que los numerosos argumentos vertidos en pos de dar cuenta de las arbitrariedades que justificaron un aumento desproporcionado de este coeficiente no fueron debidamente atendidos”, afirmó el proyecto.
La comisión de juicio político está integrada por 31 miembros y la preside la oficialista Carolina Gaillard: 16 son del Frente de Todos, 14 de Juntos por el Cambio y 1 del interbloque Federal. Esta mayoría le va a permitir al oficialismo avanzar con la denuncia que comienzan a tratar el 26 de enero, pero deberá conseguir el voto de los dos tercios de los diputados.
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Gobernadores. Los jefes provinciales asistirán al Congreso a explicar cómo, según ellos, fueron perjudicados por el fallo de la Corte que benefició a la Ciudad de Buenos Aires en el reparto de la coparticipación.
La comisión puede convocar testigos, solicitar intervenciones de comunicaciones telefónicas y la declaración del funcionario acusado.
“Se le dé intervención a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco), y/o organismo que se entienda competente, en los términos que la Comisión lo considere pertinente, para establecer llamadas entrantes y salientes de las líneas telefónicas que resulten relevantes a los efectos de la investigación, como así también para informar entrecruzamiento de llamadas, y de toda medida de naturaleza similar que aparezca conducente para el esclarecimiento de los hechos”, destacó el documento presentado. En caso de que se hiciera, podría generar polémica porque podrían conocerse nuevos mensajes que vinculen a los magistrados, como fueron los chats filtrados del ministro de Seguridad y Justicia porteño, Marcelo D’Alessandro.
El proyecto de juicio político contra los integrantes de la Corte Suprema propone citar a los miembros del máximo tribunal y a otros funcionarios, entre ellos, Silvio Robles, el asesor de Horario Rosatti; el ministro de Justicia y Seguridad del Gobierno porteño, Marcelo D’ Allesandro; el ministro del Interior de la Nación, Eduardo ‘Wado’ De Pedro, y referentes de organismos de derechos humanos, como integrantes de la agrupación Madres de Plaza de Mayo.
Abogados. Eugenio Zafaroni y Andrés Gil Domínguez son otros testigos que aparecen en la lista. También Baltazar Garzón figura para asistir.
El proyecto presentado fue presentado ayer por diputados del Frente de Todos, encabezados por Eduardo Valdés, propone citar a la comisión de Juicio Político de la Cámara baja, a los cuatro jueces del máximo tribunal: Horacio Rosatti -su presidente-, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, aunque los magistrados no están obligados a asistir.
A su vez, el texto propone convocar a otros funcionarios vinculados directamente a la acusación contra la Corte Suprema y referentes de distintos sectores, para respaldar la investigación contra el máximo tribunal.
Organismos de derechos humanos. Madres y Abuelas de Plaza de Mayo serán escuchadas al igual que la agrupación H.I.J.O.S por el fallo 2x1 que benefició a represores.
Si bien la lista suma 35 citaciones, más la de los 4 jueces de la Corte, la nómina podría ampliarse, ya que el proyecto establece además que se presenten a declarar secretarios y empleados del máximo tribunal que la comisión considere que aportarán a la investigación, como así también gobernadores y juristas de renombre como Eugenio Zaffaroni.
Al finalizar la investigación, se emite el dictamen que debe contar con el aval de la mitad más uno de los integrantes presentes. Podría haber dos dictámenes, uno contra todos sus miembros que es el proyecto que ingresó el oficialismo y otro que apunta solo a Lorenzetti en caso de que la Coalición Cívica ratifique su denuncia.
