El oficialismo no pudo avanzar este jueves 17 con la creación de una Comisión de Malvinas en el Senado y terminó derivando la discusión a la Comisión de Asuntos Constitucionales, que deberá tratar el próximo martes los distintos proyectos vinculados con el tema. La disputa por las comisiones incluso derivó en una intervención de José Mayans en defensa de las atribuciones de Victoria Villarruel.
La dificultad para acordar el mecanismo de tratamiento de una cuestión que el Gobierno busca instalar como uno de los ejes de su agenda expuso algo más amplio: Patricia Bullrich necesita reconfigurar su estrategia de negociación con los aliados. El episodio mostró que las diferencias no pasan solamente por conseguir votos para aprobar una ley, sino también por acordar cómo se organiza y se procesa la agenda del Senado. La votación de Biocombustibles, todavía en desarrollo, será la próxima prueba de esa capacidad de negociación.
La jefa del bloque de La Libertad Avanza llegó a la sesión después de varios intentos fallidos por ordenar el temario y reunir los votos. La semana pasada, la falta de acuerdo por la reforma de biocombustibles había impedido sesionar. Esta vez, el oficialismo aceptó incorporar el proyecto al temario, pero lo ubicó al final de la sesión y dejó afuera la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, ante la falta de consenso sobre algunos de sus artículos.
La nueva lógica es avanzar con aquello que tiene un acuerdo suficiente y evitar que una disputa puntual vuelva a bloquear todo el funcionamiento de la Cámara. Este jueves, esa estrategia permitió aprobar los tres pliegos judiciales, avanzar con el traspaso de competencias de la Justicia nacional a la Ciudad de Buenos Aires y llevar al recinto Inocencia Fiscal II. El BCRA, en cambio, quedó para una próxima negociación.
El cambio de método tiene un motivo político. Los aliados dejaron de ser un acompañamiento automático para convertirse en actores con capacidad de condicionar la agenda. La negociación por biocombustibles es el ejemplo más concreto. Los senadores provinciales reclamaron modificaciones para proteger a las pymes productoras de biodiésel y el acuerdo para abrir la sesión incluyó cambios sobre la participación de las empresas no integradas y un diferencial por distancia reclamado por provincias como La Pampa y San Luis.
La discusión también llegó a los gobernadores. Gustavo Sáenz se hizo presente en el Senado para participar de las negociaciones con los legisladores de su espacio, mientras desde sectores vinculados a los mandatarios provinciales advertían sobre la falta de reciprocidad de la Casa Rosada.
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La tensión no se limita a una ley. El vínculo con los gobernadores será determinante para el Presupuesto 2027, que aparece como uno de los próximos grandes desafíos parlamentarios del Gobierno. Y la propia Bullrich dejó expuesto el problema, al admitir que desconocía modificaciones incorporadas al proyecto en materia de Discapacidad.
La senadora reconoció que le había sorprendido que esos cambios llegaran al Congreso sin haber sido discutidos en la mesa política de la que participa y advirtió que este tipo de situaciones “resiente” la relación del oficialismo con sus aliados. La definición es relevante porque muestra que el problema no pasa solamente por conseguir votos en el recinto, sino también por cómo se construyen los acuerdos antes de que los proyectos lleguen al Congreso.
El conflicto por las comisiones y el respaldo de Mayans a Villarruel
En ese escenario debe leerse también la intervención de José Mayans en defensa de Victoria Villarruel. El jefe del bloque peronista cuestionó durante la sesión los intentos de avanzar sobre las atribuciones de la Presidencia del Senado en relación con la conformación de las comisiones.
El episodio se produjo en medio de la discusión por Malvinas y de una disputa sobre cómo debía incorporarse al tratamiento un proyecto para crear una comisión vinculada con la cuestión de las islas. La discusión terminó con el retiro de las propuestas y el compromiso de Bullrich de abrir el martes 22 la Comisión de Asuntos Constitucionales para abordar allí los distintos proyectos.
La posición de Mayans puede entenderse menos como un acercamiento político a Villarruel que como una defensa de las reglas de funcionamiento y las atribuciones de la Presidencia del Senado. Para el peronismo, las comisiones son un espacio central de poder parlamentario porque allí se define qué iniciativas consiguen dictamen y quedan en condiciones de llegar al recinto.
El episodio también muestra por qué Malvinas se convirtió en un tema especialmente sensible para el oficialismo. El Gobierno quiere darle centralidad a su política sobre las islas y acaba de enviar al Congreso un proyecto para reforzar las sanciones frente a actividades vinculadas con la explotación de recursos naturales en las islas sin autorización argentina. Pero para que esa agenda avance necesita atravesar primero las negociaciones internas del Congreso.
La dificultad para crear la comisión, por lo tanto, no representa solamente una demora administrativa. Es una muestra de que el Gobierno no controla por sí solo los tiempos ni los mecanismos mediante los cuales se procesa su agenda en el Senado.
La misma lógica aparece en biocombustibles. La sesión de esta semana pudo abrirse porque el oficialismo aceptó incorporar una demanda concreta de los aliados. El proyecto, que había contribuido a hacer caer la sesión anterior, fue enviado al final del orden del día y todavía requería negociación durante el propio debate.
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Bullrich parece haber optado entonces por una estrategia menos confrontativa y más incremental. En lugar de intentar imponer toda la agenda, busca acumular acuerdos parciales. El problema es que cada concesión también fortalece la capacidad de negociación de los bloques provinciales y dialoguistas.
Ese escenario será todavía más importante cuando lleguen los temas que el Gobierno considera centrales para el cierre del año. El Presupuesto 2027, la agenda de Malvinas, la reforma electoral y eventualmente la reforma del Banco Central requieren acuerdos de una dimensión diferente a la aprobación de un pliego o una transferencia de competencias.
Por eso, la sesión de este jueves puede leerse como un ensayo de lo que viene. El oficialismo consiguió sesionar y avanzar con una parte importante de su agenda, pero tuvo que postergar proyectos, aceptar modificaciones y negociar hasta último momento para mantener el respaldo de sus aliados.
RG/MSS
