De un universo de casi 54 mil jerárquicos de la administración nacional, más de 6.000 funcionarios del Gobierno no cumplieron con informar su patrimonio en tiempo y forma, tal como establece la Ley de Ética Pública. El dato surgió tras un relevamiento de la Oficina Anticorrupción ya que se cumplió un año desde la fecha límite para hacerlo.
Dentro del número de incumplidores, se distinguen 3.130 que no presentaron absolutamente nada. Luego hay otros 2.992 que cumplieron a medias el trámite. ¿Los motivos? Remitieron su declaración jurada a la AFIP pero no presentaron los anexos reservados ante el organismo de control.
El mayor porcentaje de incumplidores forma parte de las universidades públicas, el Senasa, la Anses, la Cancillería, las fuerzas de seguridad, la AFIP y el PAMI. Sorprendió que entre los morosos aparecieron 121 directores de Estado de los ministerios de Hacienda, Justicia, Modernización, Producción, Trabajo, Interior y Agroindustria. Por otra parte, los embajadores Ramón Puerta (España), José Octavio Bordón (Chile), Normando Álvarez García (Bolivia) y Mariano Caucino (Israel) tampoco cumplieron con las directivas que marca la ley.
Reglamento. El proceso para realizar el trámite tiene varias etapas. Primero el funcionario debe llenar los formularios online N° 1245 y N° 1246 en la página web de la AFIP. Por su parte los ministros, secretarios y las terceras líneas tienen que llenar los "datos reservados" del patrimonio, que incluyen la declaración de familiares, los antecedentes profesionales y otra información sensible, como la vinculada a las tarjetas de crédito.
"La información corresponde al período fiscal 2016 y se trata de las declaraciones que los funcionarios tenían la obligación de presentar durante 2017. Esta publicación es la segunda del período fiscal 2016 y se publica 60 días previos al próximo vencimiento de las obligaciones Anuales 2017, cuyo vencimiento es el día 31 de Agosto de 2018", señalaron a través de un comunicado desde la OA.
A pesar de las cifras, desde el organismo agregaron: "Aumentó significativamente el nivel de cumplimiento. Pasó de 81,16% en octubre de 2017 a 89,66% en 89,66% en junio de 2018. A su vez, a partir de un trabajo conjunto con distintos organismos, se incrementó la cantidad de funcionarios obligados presentar declaración jurada. En octubre de 2017 eran 51.690 y en junio de este año pasaron a 53.652 Esta evolución se debe al trabajo de promoción y difusión conjunto entre la Oficina Anticorrupción y las 216 áreas de recursos humanos, como así también a la aplicación de las sanciones que se imponen a los funcionarios que incumplen con su obligación".
"Durante 2016 la OA presentó 126 denuncias penales contra funcionarios por incumplimiento en la obligación de la presentación DDJJ. En 2017 fueron 120 y esta semana se presentaron otras 17", completaron.
