Más dudas que certezas

Entre las consecuencias sociales que la corrupción produce, se incluye la afectación a los derechos culturales, los que precisamente el INCAA debe fomentar. El otorgamiento de un subsidio donde prime un criterio de amistad puede dejar sin dinero a otros interesados que presenten proyectos de igual calidad e interés; la asignación de un crédito a sabiendas de que no se cobrará, puede privarnos de ver otras películas en el futuro porque las arcas del Fondo de Fomento Cinematográfico disminuirán.

La normativa y la información que están al alcance sobre asignación de créditos y subsidios en el INCAA dejan más dudas que certezas en términos de transparencia. La ley nos dice que la calificación de los proyectos para otorgar tales beneficios está a cargo de comités de selección integrados por personalidades de la cultura, la cinematografía y las artes audiovisuales. Lógicamente, ¿quiénes mejor que estos expertos para evaluar si un proyecto es merecedor de un crédito, o para calificarlo de “interés especial” por sus valores educativos, morales, sociales o nacionales para recibir un subsidio? Pero la ley nada nos dice sobre los posibles conflictos de intereses que pueden tener los integrantes del Comité, afectando su deber de imparcialidad. Consecuentemente, sería interesante que se controlara y se supiera públicamente si los integrantes de los comités se encuentran o estuvieron vinculados con alguna productora o con algún director que solicita un crédito o un subsidio, y que se hagan públicos vía Internet los fundamentos por los cuales se otorgan o rechazan estos beneficios, de manera de comparar los criterios que se tuvieron en cuenta para decidir.

En cuanto a la administración, tanto la Auditoría General de la Nación (AGN) como la Unidad de Auditoría Interna (UAI) del INCAA han emitido informes en los que señalaron, entre muchas irregularidades: la falta de facturas de los gastos que los beneficiarios de subsidios declaran haber realizado, el pago de cuotas de subsidios sin que el productor haya entregado el telefilm, violaciones a las reglas de compras, créditos impagos y demoras en la persecución judicial de los morosos. La mayoría de estos informes cae en saco roto porque no hay consecuencias jurídicas si se los ignora. Se requiere voluntad política de para fortalecer las competencias de los organismos de control, para introducir los cambios sistémicos que estos informes recomiendan, y para sancionar a los responsables.

Mientras tanto, a la sociedad y a los medios periodísticos nos queda mantenernos activos, reclamando mayor información para completar el inventario sobre cuántos morosos hay, quiénes son, qué película hicieron o dejaron de hacer, cómo fue el proceso de aprobación de su crédito, qué garantías ofrecieron, y cuánto dinero se nos debe.

* Abogado y consultor en Gobernabilidad.