La discusión planteada por la asignación del 82 por ciento móvil a la clase pasiva deja al descubierto no sólo el despilfarro ejecutado por la administración Kirchner sino también, una nueva crisis económica, sólo oculta bajo el monumental aparato propagandístico del gobierno y sus sectores beneficiados.
La tozuda negativa del gobierno se basa en la pérdida del control de la caja, lo que puede llevar también a una pérdida del control político del país. La financiación del sector pasivo es la discusión principal que tienen los grandes países del mundo. En la práctica, la crisis en Europa, tiene como trasfondo este problema. El estallido financiero en el viejo continente es la consecuencia del agotamiento del denominado "Estado de Bienestar" surgido en la post-guerra donde la población joven superaba ampliamente a la anciana y el crecimiento constante se encargaba de financiar el sistema.
Los tiempos cambiaron y la mayor esperanza de vida sumada al desempleo, las migraciones y la globalización transformaron las economías y ese "Estado", resulta hoy absolutamente inviable. De allí que en la reciente cumbre del G-20 en Canadá, las principales potencias mundiales ratificaron que la única salida a la crisis es ajustar las economías para adecuarlas a los nuevos tiempos. Por caso, el cruce fuerte con su par francés Nicolás Sarkozy es un claro reflejo que las principales potencias han tomado un camino y la Argentina otro. El tiempo tiene la palabra ¿Habrá entendido algo la delegación argentina de lo que allí se habló? Para mantener un sistema público previsional es necesario ajustar la economía permanentemente, haciéndola más eficiente y productiva, algo que parece no está en el ADN del matrimonio presidencial.
En realidad, el otorgamiento de ese incremento a los pasivos, pone de manifiesto las fallas sistémicas de un modelo que está basado en un desajuste permanente por la vía inflacionaria. Es más fácil, y tiene beneficios proselitistas, otorgar aumentos a los pasivos que luego son licuados por el impuesto inflacionario que pagan los pobres o sea los mismos jubilados. Una nueva demostración del ilusionismo de la clase política. La discusión por el manejo de los fondos previsionales deja al desnudo que el sistema jubilatorio nuevamente está quebrado y que la apropiación de los ahorros privados sólo sirvió para financiar a todos aquellos que subsisten del gasto público improductivo.
El sistema previsional tiene como fuentes de ingresos las cargas patronales y los aportes personales, más aportes del Tesoro provenientes de afectaciones específicas del IVA, Ganancias y Bienes Personales, entre otros.
De no ser por estos últimos aportes el régimen estaría colapsado, a menos que se revirtiera la relación entre trabajadores activos y beneficiarios pasivos. Hoy ese ratio es 1,5 activo por 1 pasivo cuando debiera ser 3 activos por 1 pasivo. En valores absolutos, sobre una población económicamente activa de unos 16 millones, se trata de una relación actual de 9 millones de activos para 6 millones de beneficiarios. Esto significa que se debieran blanquear todos los trabajadores que están en negro unos 7 millones de personas y aun así no se alcanzaría la relación necesaria, lo que demuestra la inviabilidad del sistema.
Hacia futuro, las condiciones serían aun más gravosas puesto que a medida que aumenta la esperanza de vida, habrá en pocos años, más pasivos que activos o en todo caso habrá que extender la edad jubilatoria más allá de los 65 años o el comienzo de la vida laboral antes de los 18 años. Un absurdo. Esto demuestra que la confiscación de los ahorros previsionales no sólo no solucionó el problema sino que lo agravó y le deja peores condiciones a los futuros jubilados. El 82 por ciento móvil es de fácil cumplimiento y si bien es cierto que el sistema público previsional es una entelequia, el gobierno tiene en sus manos la herramienta para hacerlo efectivo. ¿Cómo? Reasignando el gasto.
Se trata de 4 millones de beneficiarios que cobran el haber mínimo de 895 pesos. Para llevarlo a 1.230 pesos que representa el 82 pct del salario mínimo vital y móvil, el Tesoro debe aportar 1.340 millones de pesos por mes o 17.420 millones de pesos adicionales por año. Sólo con dejar de subsidiar las tarifas, ese gasto adicional estaría ampliamente financiado. Sólo en 2009 y de acuerdo con los números oficiales, el Tesoro ejecutó transferencias al sector privado por 19.000 millones de pesos. A guisa de ejemplo, en el modelo Kirchner, el jubilado más pobre del país le financia la tarifa de gas, luz y transporte al sector más rico de la sociedad. ¿Por qué no lo hace el gobierno? Habría que investigar si el mecanismo de pago de subsidios es transparente.
Otra vía. ¿Cuánto deja de recaudar el Fisco por las elusiones a Ganancias y por evasión de IVA y aportes previsionales? Incalculable. ¿Cómo es posible que el Estado permita las ferias de piratería? ¿Cuánto deja de recaudar el Fisco en esas ferias clandestinas donde el metro cuadrado de un puesto de venta cuesta 10.000 dólares? Incalculable.
Luego para recomponer el haber del resto de los jubilados hay que reasignar más gastos como los destinados a mantener empresas quebradas, los subsidios al turismo internacional en el mantenimiento de Aerolíneas Argentinas, los aportes a ONG, a organizaciones de DDHH -o es que los jubilados no tienen derechos humanos a un haber digno-, los subsidios al futbol y otros etcétera. Dinero hay y suficiente, es cuestión de reasignar gastos. Pero la administración Kirchner mira hacia otro lado. Hacer efectivo el 82 pct a los jubilados implica ajustar la economía y reconocer las fallas del modelo. Es más fácil desajustar con la inflación y mantener el status quo, es decir, mantener el ilusionismo y que los jubilados sean la variable del desajuste.
En otros términos, los más pobres financian a los más ricos. Si los sectores de más bajos ingresos de la pirámide demográfica tienen que financiar a aquellos de mayores ingresos, entonces el progresismo no es más que una mácula que esconde la cara más horrenda del fascismo. Y así vamos...
(*) Agencia DYN
