El gobierno de Javier Milei eliminó oficialmente dos políticas públicas que pertenecían al ex Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad: el Programa Acercar Derechos y el Registro Nacional de Organizaciones Sociales de Género. Ambos habían sido creados para brindar asistencia integral a personas en situación de violencia de género y para recopilar datos sobre asociaciones que trabajan en la defensa de los derechos de mujeres, personas LGBTI+ y personas trans.
En una conferencia de prensa encabezada por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y el secretario del área, Sebastián Amerio, el Gobierno justificó la eliminación de estos dispositivos por considerar que eran “estructuras ideológicas” que solo “sostenían militancia y cargos políticos”. “Nuestra política de seguridad considera que la violencia no tiene género”, sostuvo el ministro, sin brindar datos desagregados ni referencias a estándares internacionales sobre violencia basada en género.
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La disolución de ambos programas fue publicada en el Boletín Oficial bajo las Resoluciones 575/2021 y 55/2022. La medida se inscribe en una serie de recortes que apuntan a desmontar las estructuras estatales de protección y acompañamiento.
Un paso más en la ofensiva contra la agenda de género
Desde el inicio de su gestión, el gobierno de Javier Milei ha impulsado un vaciamiento sistemático del Estado en áreas sensibles para los derechos humanos. La eliminación del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad fue uno de los primeros pasos, seguido del recorte presupuestario a las políticas de igualdad, el cierre de programas sociales y los despidos masivos en áreas vinculadas a derechos humanos y salud comunitaria.
El desmantelamiento de estos programas se produce en un contexto en el que la violencia por motivos de género sigue siendo un problema estructural en Argentina: según el Observatorio de Femicidios “Adriana Marisel Zambrano”, hubo al menos 127 femicidios y trans/travesticidios en lo que va de 2025. Sin embargo, el Gobierno no ha presentado alternativas efectivas de atención ni ha sostenido las líneas de prevención y acompañamiento previas.
Seguridad sin perspectiva de género y auditorías internas bajo reserva
En palabras de Cúneo Libarona, en la política de seguridad del Gobierno “la violencia no tiene género”, y aseguró que los “homicidios de mujeres bajaron un 14,3 %”. El ministro también remarcó que durante la gestión de Alberto Fernández “se destinaron millones de dólares en estos programas ideológicos, mientras los delitos violentos aumentaban”.
Por su parte, el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, sostuvo que las auditorías internas sobre el Programa Acercar Derechos evidenciaron “debilidades sustantivas” en la operatividad, la supervisión de casos, los registros documentales y el sistema de seguimiento. “Constatamos que el 38% de los casos no registraban acciones de abordaje o seguimiento, que el 75% de las acciones activas no habían sido actualizadas en más de seis meses y que el 26% de los casos analizados carecía de estrategia integral de abordaje”, precisó.
Finalmente, Amerio defendió la eliminación de estos dispositivos bajo la premisa de “eficiencia, eficacia y responsabilidad fiscal”, destacando que la revisión de las políticas públicas es “fundamental” para garantizar que el accionar estatal responda a las necesidades sociales actuales. Sin embargo, hasta el momento, las auditorías citadas no fueron publicadas de forma completa ni auditadas por organismos externos.
Preocupación ante el ajuste a los más vulnerables
Con el argumento de “eficiencia fiscal”, el Gobierno ha abandonado programas orientados a los sectores más vulnerables: desde la entrega de medicamentos oncológicos hasta el desfinanciamiento de comedores comunitarios y entidades clave en la promoción y protección de derechos.
La eliminación de estas herramientas, sin que se anuncien políticas alternativas o nuevos dispositivos de atención, plantea serios interrogantes sobre cómo se garantizará la protección de quienes atraviesan situaciones de violencia por motivos de género. Esa responsabilidad, tras la disolución del ex Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, fue reasignada al Ministerio de Justicia, que hasta el momento no ha presentado un plan integral que sustituya el acompañamiento estatal previamente disponible.
