Javier Milei defendió ante la Asamblea General de las Naciones Unidas una inteligencia artificial con menos regulaciones y cuestionó los controles que, según planteó, pueden frenar la innovación. Su discurso coincidió con una jornada en la que la propia ONU puso en discusión los riesgos de la tecnología y la necesidad de establecer mecanismos de seguridad.
El contraste fue señalado desde Nueva York por organizaciones de la sociedad civil. Oscar Soria, cofundador y codirector de The Common Initiative, sostuvo que la discusión internacional no pasa simplemente por elegir entre regular o no regular la inteligencia artificial.
“Creo que el punto central es que el mundo no está discutiendo solamente si regular o no regular. Está discutiendo cómo regular de manera proporcional al riesgo”, afirmó Soria.
Este miércoles, mientras Milei hablaba ante la Asamblea General, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas avanzaba con una reunión de alto nivel sobre los riesgos de la inteligencia artificial para la seguridad internacional. Entre los participantes estuvieron Sam Altman, de OpenAI, y Dario Amodei, de Anthropic, además del investigador Yoshua Bengio y el CEO de Hugging Face, Clément Delangue.
Para Soria, la participación de los principales referentes del sector muestra que la discusión internacional sobre seguridad de la inteligencia artificial tampoco puede reducirse a un enfrentamiento entre gobiernos y empresas tecnológicas.
“Incluso empresas líderes de la industria están planteando estándares internacionales de seguridad, mientras Naciones Unidas ya creó mecanismos de gobernanza y evaluación científica”, señaló.
Discurso de Sam Altman en la reunión del Consejo de Seguridad sobre Inteligencia Artificial
El referente argentino también marcó los riesgos que, a su entender, quedarían abiertos con una IA prácticamente sin regulación. Responsabilidad jurídica, privacidad, seguridad, discriminación, ciberseguridad y protección de derechos son algunos de los puntos que enumeró.
“Hay muchos riesgos, y no todos son escenarios futuristas”, sostuvo Soria, quien puso el foco además en una discusión que ya llegó al Senado argentino.
Sociedades automatizadas y Súper RIGI
El proyecto de reforma de la Ley General de Sociedades incorpora nuevas figuras vinculadas con la automatización y la inteligencia artificial. La iniciativa todavía está en discusión y el oficialismo anunció que propondrá incorporar una persona física o jurídica responsable, después de los cuestionamientos recibidos.
Para Soria, el debate sobre las sociedades automatizadas en Argentina no queda resuelto solamente con agregar un responsable formal. “Poner a una persona como responsable formal no alcanza si la propia estructura legal permite que decisiones centrales de una empresa sean tomadas de manera autónoma por sistemas algorítmicos o agentes de inteligencia artificial”, planteó.
La pregunta, según explicó, es quién responde cuando un sistema automatizado toma una decisión y provoca un daño. “Si un sistema decide otorgar o negar un crédito, contratar, administrar activos, realizar una operación o producir un daño, hay que poder determinar quién diseñó el sistema, quién lo puso en funcionamiento, quién tenía capacidad de supervisarlo y quién responde frente al afectado”, afirmó.
Soria considera que estas nuevas figuras deberían discutirse después de establecer un marco específico de regulación de la inteligencia artificial que determine reglas de seguridad, supervisión, transparencia y responsabilidad.
La otra pata del debate aparece con el Súper RIGI, el régimen de incentivos para grandes inversiones que el Gobierno busca aprobar y que contempla estabilidad normativa durante 30 años. El proyecto incluye entre sus sectores estratégicos a la infraestructura tecnológica y los centros de datos.
Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas, considera que el Súper RIGI y las sociedades automatizadas forman parte de una misma lógica.
“El vínculo es total. El Súper RIGI lo que hace es dar beneficios impositivos y financieros para las grandes corporaciones tecnológicas que, además, querían modificar la Ley de Tierras. Ahora podrán ser propietarias sociedades que terminen teniendo tierra, agua y energía”, sostuvo.
Milei y Caputo buscan inversiones en Nueva York: crece la expectativa por fondos de EE.UU.
Uno de los principales cuestionamientos de Viale apunta a la duración de la estabilidad prevista por el régimen. La estabilidad normativa del Súper RIGI durante 30 años es, para el dirigente ambientalista, uno de los puntos más problemáticos.
“Si en el futuro, durante esos 30 años, una región tiene problemas de agua, como auguran todos los científicos del mundo, y se le quiere poner una restricción al consumo de agua de un data center, ellos podrán alegar que el Súper RIGI le establece la prioridad y que, si no, van a demandar al país en el extranjero”, afirmó.“Es una especie de cláusula pétrea que va a durar 30 años, hasta el año 2056”, agregó.
El proyecto contempla estabilidad normativa y mecanismos de resolución de controversias internacionales para determinadas disputas. El Gobierno, en cambio, sostiene que el Súper RIGI busca atraer grandes inversiones y desarrollar sectores estratégicos mediante beneficios tributarios, aduaneros y cambiarios.
Para Viale, el vínculo con la inteligencia artificial aparece en la infraestructura que necesitan los grandes centros de datos. “Los principales recursos que necesitan son tierra, agua y energía. Ese es el triángulo de saqueo fundamental”, afirmó.
Según explicó, los data centers requieren grandes cantidades de energía y agua para sus sistemas de refrigeración. “Necesita mucha, mucha agua para enfriar y también energía para enfriar los procesadores, y eso está creciendo en conflictividad en todo el mundo”, sostuvo.
El dirigente ambientalista cuestionó así el modelo de desarrollo tecnológico que el Gobierno busca promover. El consumo de agua y energía de los centros de datos se convirtió, según planteó, en una discusión inseparable de las inversiones en inteligencia artificial.
“Lo que viene haciendo legislativamente en nuestro país es que la entrega de nuestros territorios se rige por una misma lógica. El Súper RIGI, la modificación regresiva de la Ley de Glaciares, todo para poner a disposición de las grandes corporaciones el agua, la tierra y la energía”, afirmó Viale.
Desde Nueva York, Soria planteó otro eje del debate y cuestionó la idea de que menos regulación implique necesariamente más inversión. “No hay evidencia que permita afirmar que menos regulación necesariamente produce más innovación o inversión. La evidencia internacional es bastante más matizada”, sostuvo.
El referente señaló que organismos como la OCDE plantean regulaciones para la inteligencia artificial basadas en el nivel de riesgo, con mayores obligaciones para los sistemas que puedan generar mayores daños.
Mientras el Presidente plantea que la desregulación de la inteligencia artificial puede favorecer la innovación en la ONU, en el Congreso se discute quién será responsable por las decisiones automatizadas y bajo qué condiciones se desarrollará la infraestructura necesaria para la expansión tecnológica. En paralelo, Naciones Unidas avanza con mecanismos propios para estudiar los riesgos de la IA y promover una gobernanza internacional.
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