La pelea que involucra a una ONG de relación con Juan Grabois y Guillermo Montenegro, intendente de Mar del Plata, por la ocupación de 140 hectáreas en el barrio El Marquesado, promete continuar pero en la Justicia, con denuncias cruzadas en torno a la legalidad y posesión de los terrenos. El Gobierno tomó desde el vamos postura, con respaldo total a la iniciativa de la agrupación social.
El tema copó la agenda pública a raíz del calibre de los protagonistas y luego de que la Agencia de Administración de Bienes del Estado (Aabe) autorice a la ONG Tercer Tiempo, de estrecho vínculo con Grabois, a que “se lleve adelante un Proyecto de Producción Agroecológica donde trabajarán productores rurales del cordón frutihortícola de la ciudad, que permitirá el abastecimiento local con alimentos de calidad”.
La noticia desató el malestar del municipio, que vio en la disposición de la agencia estatal un movimiento totalmente ilegal y cuestionó a la organización de vínculo con el dirigente social.
La denuncia incluye acusación de “estafas, amenazas y abuso de armas”
Por eso, presentó una denuncia penal, con la firma del jefe comunal de Juntos por el Cambio aunque más allá de la posibilidad de que un juez dé marcha atrás con la cesión y un contacto “permanente” con los habitantes preocupados por lo que puede ocurrir en el barrio, desde la intendencia admiten ante este medio que no pueden tomar mayores cartas en el asunto porque el predio es nacional. “Es como darle La Rambla a La Cámpora”, argumentó el senador del PRO Alejandro Rabinovich, mano derecha de Montenegro.
En cuanto a lo que hoy pasa en los terrenos, en las últimas horas Alena Kitaeva, una vecina de la zona, decidió encarar una acusación por asociación ilícita constituida para la comisión de los delitos de usurpación y turbación de la posesión de lotes. El texto menciona a Marcelo Bolonio, Daiana María Merino Mesutti –habitantes de El Marquesado– y Diego Naveyra –accionista de la empresa Sierra Leona Sacif–.
De acuerdo a la denuncia, a la que tuvo acceso PERFIL, se incluye la acusación por estafas, la utilización de instrumentos privados falsos, amenazas y abuso de armas, entre otros. A su vez, afirma que los denunciados “constituyen una organización criminal, cada uno cumpliendo roles determinados, a lo cual se agrega una cobertura institucional por la usurpación violenta de la Asociación de Fomento barrio el Marquesado”.
El Gobierno, por lo pronto, apoya a la ONG. Así lo estableció Gabriela Carpineti, directora nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia, parte del Frente Patria Grande que dirige Grabois, quien destacó la “transparencia” de la cesión con críticas a Montenegro por su intención de construir en los terrenos un complejo inmobiliario.
También, anticipó que la Provincia va a suscribir convenios para dar apoyo técnico, junto con entidades nacionales y académicas, para que la propuesta de Tercer Tiempo sea una realidad. Y que este tipo de emprendimientos “se pueden replicar” en el país.
