Una asamblea conjunta de organizaciones sociales decidió ayer suspender hasta abril las medidas de protesta que desplegaron las últimas semanas, con cortes y ollas populares en distintos puntos del país. Representan a las principales asociaciones de trabajadores informales y aceptaron dar un tiempo al Gobierno, tras recibir la promesa de que la Ley de Emergencia Social, aprobada el año pasado, se comenzaría a implementar a partir de abril.
“Se resolvió esperar en estado de alerta y movilización hasta el 1 de abril, fecha en la que el Gobierno se comprometió a empezar a implementar por fin la ley votada por unanimidad en el Congreso y también se ratificó continuar con la lucha en unidad de los trabajadores junto a las CTA y la CGT”, explicó Gildo Onorato, del Movimiento Evita y dirigente de Confederación de los Trabajadores de la Economía Popular (CTEP).
El encuentro reunió a referentes de la CTEP, Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa (CCC) –conocidos como el Triunvirato de San Cayetano–. Son las organizaciones que han decidido el año pasado coordinar sus acciones y gestiones, algo que les permitió constituirse en el principal interlocutor del Gobierno y tejer una alianza con los representantes de los trabajadores formales en la CGT y la CTA. Juan Carlos Alderete (CCC) explicó tras la reunión que se informó a “los delegados de las tres organizaciones sobre la reunión con el gobierno nacional del jueves pasado”. En relación con el encuentro con las autoridades, que se concretó luego de algunas postergaciones la semana previa, Alderete valoró “el compromiso que hizo el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, en nombre del Presidente, para que la implementación de la ley se inicie a partir del 1 de abril”.
El compromiso es entonces suspender las medidas de protesta, que venían realizando en las últimas semanas y que el pasado miércoles alcanzó un punto alto con piquetes en cerca de mil rutas y calles de todo el país.
El principal reclamo eran los retrasos en la implementación de la ley que prevé la creación de un Consejo de la Economía Popular y la implementación de un salario social complementario, como alternativa a los múltiples esquemas de asistencia vigentes.
En el encuentro, el Gobierno intentó demostrar que había un mejoramiento de la economía, pero también un reconocimiento de que algunos problemas administrativos habían retardado la aplicación de la norma, que logró un apoyo de todo el arco político, tras una multitudinaria movilización conjunta de la CGT y el Triunvirato de San Cayetano.
La Pastoral Social del Episcopado acompañó estos esfuerzos y también ofició de mediador entre las organizaciones sociales y el Gobierno.
