La falta de datos sobre los pagos al estudio neoyorquino motivó recurrentes pedidos de información por parte de parlamentarios opositores. En una nota remitida al entonces ministro de Economía, Hernán Lorenzino, el senador Gerardo Morales (UCR) reclamó en diciembre de 2013 “un informe sobre cuántos son los honorarios que cobran los letrados, ya que atento a la marcha de ese juicio sería bueno que nos pueda decir cuántos millones de dólares, en estos doce años de litigio, ha cobrado el estudio jurídico contratado”.
En esta misma comunicación, el representante jujeño rebatió los argumentos del funcionario, quien había afirmado que el estudio CGS&H había representado al país desde la gestión de Raúl Alfonsín. El contrato data de la gestión de Menem, porque en la década del 80 el gobierno radical recurrió a los servicios de Weil, Gotshal & Manges.
En base a fuentes no especificadas, Morales indicó que entre 2011 y 2013 el gobierno habría dedicado más de 20 millones al pago de honorarios en favor del estudio CGS&H. De comprobarse esta información, el monto total erogado durante el proceso judicial, que duró más de diez años, ascendería al centenar de millones de dólares.
En la Cámara de Diputados, el legislador Claudio Lozano también cuestionó el estudio contratado al recordar que “asesoran a empresas multinacionales y bancos, como el Bank of New York, donde el país depositó más de 500 mil millones, congelados por Griesa, asesorado por los abogados que los tienen como clientes”. Por eso, estimó en diálogo con PERFIL que “el Gobierno duerme con el enemigo”. Su bloque, Unidad Popular, impulsa una alternativa a la asesoría legal. En un proyecto, propusieron crear un “pool de facultades de derecho de universidades públicas, para que asuma la representación en los casos por la deuda.