En los tribunales federales apuntaron a la AFI, a cargo de los macristas Gustavo Arribas y Silvia “Turca” Majdalani, como supuesta fuente de los audios. Fuentes judiciales contaron a PERFIL que la AFI macrista hizo notoria su oposición al traspaso del manejo del área y de los recursos materiales -se gastaban US$ 3 mil por día en CDs- y el presupuesto. También señalaron que las autoridades de la AFI intercedieron con críticas a la gestión judicial frente al Ministerio de Seguridad. Sin embargo, las autoridades de la AFI negaron cualquier responsabilidad en las filtraciones.
En los tribunales tampoco pasó desapercibido que el único audio filtrado contra un juez federal fue la conversación en la que Parrilli criticando a Sebastián Casanello por llamar a indagatoria a Ricardo Echegaray. Casanello es uno de los pocos jueces que no mantiene buenos vínculos con la AFI. La oficina que “pincha” los teléfonos en la Argentina está en Avenida de los Incas al 3800. Es un edificio antiguo, que estuvo en manos de los espías hasta el año pasado, cuando el Gobierno lo transfirió a la Corte Suprema. Es epicentro de polémicas por la filtración de un audio que involucra al ex jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Oscar Parrilli y a la ex presidenta Cristina Kirchner.
Trabajan 250 personas, de las cuales sólo 38 hacen escuchas directas. El resto de las “pinchaduras” se graban automáticamente a través de un complejo sistema informático que traduce los audios y los copia a los CD.
La Corte Suprema pidió informes para saber de dónde se filtró el audio. El director ejecutivo de la oficina de escuchas, Juan Tomás Rodríguez Ponte, dice que de ahí no se filtró. El juez Ariel Lijo, que lleva la causa, niega que haya salido del juzgado. Todos miran a la AFI, que participó de la intervención por pedido del juez. En una entrevista con PERFIL, Rodríguez Ponte explica los detalles de la escucha a Parrilli y el manejo de la Dirección en otros casos.
—¿Investigaron cómo se manejó el audio dentro del edificio?
—Por nuestro protocolo de seguridad, cuando conocimos el episodio abrimos un expediente administrativo interno. Recopilamos la información que teníamos: cómo fue nuestro trabajo y quién intervino.
—Entonces de acá no se filtró.
—No.
—¿Ustedes hablaron con el juez sobre la filtración?
—Sí. Nosotros somos auxiliares de los jueces. Y aunque nos pregunte la Corte sobre el tema, si no nos autoriza el juez no podemos brindar esa información. En nuestro proceso de intervención nosotros no tenemos contacto con el audio, no sabemos a quién pertenece la línea.
—Parrilli dice que la escucha que se le hizo a él fue online, es decir que escuchaban en el momento lo que decía.
— Sí. Es así. El juez nos mandó el oficio y nos pidió intervenir determinados números. Lijo nos pidió que en el caso de Parrilli intervenga la AFI, obviamente porque los investigados pertenecían a la AFI y le rigen las normas del secreto. Nos pidió que se habilite el “locutorio” para una escucha directa de esos teléfonos. El audio así como llegaba a la par que se grababa lo escuchaba personal de la AFI.
—Es decir que hubo espías escuchando lo que decía Parrilli en el momento.
—En la Dirección, el personal es todo del Poder Judicial. Antes sí había personal de la AFI. Lo que hay es habilitados unos “locutorios” en donde entra Policía Federal, Gendarmería y la AFI. En ese “locutorio” escuchaban los espías.
—¿Es delito filtrar un audio?
—Sí, por supuesto.
—¿Qué pena tiene?
—Las penas son de acuerdo a violación de secreto y también, en el caso de que haya sido un funcionario, incumplimiento de los deberes de funcionario público.
—Si se identifica que fue filtrado por la AFI, tendría responsabilidad el que recibió el audio.
—Pero por lo que usted dice, o lo filtró la AFI o el juzgado.
—Sí.
—¿Hay forma de saberlo?
—Habría que hacer una investigación y determinar eso con un expediente penal.
—¿A su criterio las escuchas deberían seguir en manos de la Corte?
—Sin dudas. Con la nueva ley lo que existen hoy son escuchas judiciales. Las escuchas, en otros países, están en manos del Ministerio Público o del Poder Judicial, como en este caso.
