En el ministerio de Economía se estaría implementando una “política del temor”. Así lo denunció el abogado y Presidente de la Asociación Civil Anticorrupción, Ricardo Monner Sans, al realizar una nueva presentación a la Justicia, esta vez por el caso de cuatro empleados de esa cartera que habrían sido cesanteados y otros siete trasladados de sus lugares de trabajo como " represalia" por haber colaborado con las denuncias penales de presuntas irregularidades en el ministerio.
Monner Sans se presentó esta mañana ante el juez federal Julián Ercolini, quien tramita además una acusación del mismo denunciante por "asociación ilícita" contra varios funcionarios, entre ellos el propio ministro Amado Boudou. Así, la nueva denuncia se suma a otras que hacen referencia a la sobrecompra de material eléctrico, sobrecompras a Papelera Massuh, 19 automóviles de alta gama adquiridos a una concesionaria y la remodelación de la Mesa de Entradas.
En el escrito presentado a Ercolini, Monner Sans asegura que “ha habido una concertación de voluntades para cometer actos de más que probable ilicitud”. Sobre la cesantía de algunos trabajadores, el abogado explica que frente a la desorientación de las autoridades sobre cómo él se enteró de lo que sucede dentro de la cartera, se decidió tomar “represalias a ojo de buen cubero”.
“Los autores de las maniobras también se han concertado para dar de baja o trasladar a quienes suponen que han tenido la valentía de hacer conocer aspectos que no investigan los órganos a los que pagamos para investigar”, agrega Monner Sans.
"Cuatro personas pertenecientes a la Dirección Operativa han sido dadas de baja. Sin la relación de empleo público las personas que ahora señalo venían teniendo, en promedio, una antigüedad de ocho años", recalca el abogado. El documento menciona que fueron cesanteados Marisa Herrera, Leonardo Santana, Roxana Tundis y Jorge Pose, y que habrían sido canceladas sus credenciales magnéticas de acceso al Ministerio.
Según la denuncia, el gremio UPCN pidió explicaciones sobre los motivos de las cesantías y la respuesta que obtuvo fue que "alguien las tiene que pagar" y que "en cualquier caso, sirve para que otros pongan las barbas en remojo".
El escrito también denuncia que fueron "desplazados no cesantes" de sus puestos de trabajos los empleados Roberto Kreptovich, Cecilia Maran, Natalia Caruso, Liliana García, Carlos Moreno, Fernanda Guadnitski y Victoria Marquevicius, todos del área de Recursos Humanos.
