Con ramificaciones en Estados Unidos, Suiza, Italia, Panamá y República Checa, la firma Helvetic Service Group deja al resto de las financieras involucradas en los escándalos de la ruta del dinero como almacenes de barrio. Es una verdadera multinacional del negocio. El empresario Edgardo Raúl Levita figura como representante legal en Argentina de Eyden Group, una sociedad de Helvetic Service Group. Por estas horas, una de las obsesiones de Levita es acallar a PERFIL.
No es el único. Una silenciosa maquinación de complicidades y estudios de abogados avanza en Tribunales con la mira puesta en el periodismo de investigación.
Las revelaciones sobre circuitos de dinero sucio, que desnudaron cómo se manejaban fondos que iban de la corrupción al narcotráfico, perjudicaron en los últimos años a personajes que habían gozado de contactos en el poder y un conveniente anonimato. A modo de revancha, sus instigadores se esperanzan con conquistar la ayuda de sectores de la política también molestos con la prensa crítica y lograr, al menos, una sanción judicial que incomode a los periodistas, que los enrede en trastornos legales, que los atemorice, que los lleve a pensar dos veces antes de volver a escribir en su contra.
Como reconocieron los escritos que sus abogados desparramaron por los juzgados, a Levita lo molestó especialmente un artículo publicado en mayo del año pasado que, por primera vez, demostró que la ruta del dinero dibujaba una red de eslabones que entrelazaban desde financieras vinculadas a Lázaro Báez con otras del caso Schoklender, de firmas del escándalo Ciccone hasta droguerías involucradas en el tráfico de efedrina. Un verdadero sistema circulatorio de fajos verdes vinculado a través de socios o direcciones comunes. Y como emblema arquitéctonico, como monumento a la lavandería, la mayoría aparecía con domicilio en la torre Madero Center, la sede de la mítica Rosadita que inmortalizaron las primeras figuras Federico Elaskar y Leonardo Fariña. En la sociedad Lujan Village SA, Levita comparte directorio con Carlos Juan Molinari, quien acaba de ser procesado por el juez federal Sebastián Casanello por considerarlo autor del delito de lavado de activos.
Levita, a la altura del partido una verdadera celebridad en el mundo de Madero Center, también compartió directorio con Fernando José Caparrós Gómez, investigado en la causa contra los Schoklender por supuesta administración fraudulenta en la Fundación Madres de Plaza de Mayo.
Los abogados de Levita primero ensayaron una metralla de demandas civiles y medidas de amparo y cautelares que la Justicia le otorgó a Levita para que la autora de la investigación, la periodista Emilia Delfino, y PERFIL no pudieran mencionarlo.
El honorable señor Levita logró rápidamente que cada vez que PERFIL lo nombrara, por ejemplo, al describir sus sociedades con procesados por lavado de dinero o administración fraudulenta, se debiera aclarar que “ha iniciado procesos de amparo” a fin de “obtener el reconocimiento del derecho a réplica, rectificación o respuesta de las afirmaciones volcadas en su contra”. Logró una respuesta muy expeditiva, sobre todo en el contexto de una Justicia caracterizada por la lentitud al actuar contra el poder. Debe tener buenos argumentos para convencer.
En una causa donde también se denunciaba al fiscal José María Campagnoli, los abogados de Levita buscaron saber a su vez quién era la fuente de información de la periodista. La reforma de 1994 dio jerarquía constitucional al derecho de los periodistas a negarse a revelar la identidad de quien transmite información comprometida. Fue la consecuencia de décadas de persecuciones. Los constitucionalistas buscaron reforzar el derecho a la libertad de expresión con un resguardo a una herramienta determinante para la búsqueda de información. El poder nunca perdió la añoranza de derribarlo.
La periodista fue obligada, frente a los abogados de Lázaro Báez y Levita, a dar a conocer su domicilio particular: departamento y piso. Luego, la abogada de Levita anunció a su vez que la denunciaría penalmente.
El fiscal Gerardo Di Massi consintió el pedido de Levita y su abogada el 8 de octubre de 2014.
La denuncia cayó en el juzgado federal número 9 y la fiscalía federal número 6. El fiscal Federico Delgado desestimó la denuncia por “inexistencia de delito”.
El juez federal Luis Rodríguez coincidió con la decisión del fiscal y agregó que dar lugar a la pretensión de Levita y su letrada “conspiraría contra principios constitucionales básicos”. La causa fue desestimada y archivada el 23 de octubre de 2014. Los representantes de Levita enviaron ahora una intimación a PERFIL para impedir que se publique una fotografía del empresario. También Alfredo Yabrán detestaba que se difundiera su rostro. Coincidencias.
En paralelo, la Justicia dispuso que cada vez que PERFIL publique una noticia que se “pronuncie el nombre de José Fernando Caparrós Gómez y se lo relacione al caso Schoklender y sus derivaciones” deberá consignarse que el caballero promovió una acción de amparo contra la editorial, bajo la carátula “Caparrós Gómez José Fernando c/Editorial Perfil SA y otros s/amparo Expte. 78172/2014” para que “se le reconozca el derecho a réplica frente a afirmaciones que pudieran ser vertidas en su contra”. Y, caso contrario, se cobrará una multa de 25 mil pesos para “cada incumplimiento”.
Paralelamente a los ataques recibidos por PERFIL, el juez federal Santiago Ulpiano Martínez procesó en Bahía Blanca al periodista Germán Sasso, director del portal La Brújula, por publicar escuchas que complicaron la situación judicial del presunto narco Juan Suris. En simultáneo, el periodista de La Nación en Rosario, Germán de los Santos, recibió amenazas tras cubrir los crímenes del narcotráfico, una muestra de que cuando pierden la paciencia recurren a métodos menos sofisticados.
A medida que avanza con revelaciones que van más allá de la farándula, la superficialidad y la espuma, el periodismo queda bajo fuego. Sus enemigos se muestran dispuestos a agotar recursos, más o menos violentos, para lograr su meta. Su objetivo es, sin embargo, el mismo: el silencio.
