En este caso, no se trató de un gobierno interviniendo por las diferencias entre un sindicato y las empresas. En este caso, tanta desconfianza es la que generó el decreto 728/22 que firmó el presidente Alberto Fernández y otorga el 30% de los contratos de obra pública iguales o inferiores a $300 millones a los movimientos sociales, a través de cooperativas de trabajo, que las empresas de la construcción agrupadas en la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC) y la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) se unieron para alertar la extinción de las Pymes de este rubro, además de alentar el trabajo "informal".
Si bien estas entidades apoyan el trabajo de las cooperativas, que en su mayoría dependen de los movimientos sociales oficialistas y una caja que controla Emilio Pérsico en la Secretaría de Economía Popular, entienden que esta origina una "competencia desleal" que llevará a la "ruina" a numerosas Pymes constructoras del país, que trabajan en la "formalidad".
“La consecuente competencia desleal condenará a la inactividad y a la ruina a numerosas empresas PyMEs constructoras de todo el país, las que trabajan formalmente, pagando impuestos y dando empleo registrado y seguro a sus trabajadores”, afirmaron desde CAMARCO en un comunicado.
Fuerte rechazo de Camarco al decreto que otorga obra pública a las Cooperativas
Vale destacar que este tipo de obras se centran en viviendas en barrios populares, arreglos, pavimentaciones y embellecimientos en espacios públicos, entre otras. Y que esta nueva iniciativa no advierte cómo serán controlados los trabajadores que se vinculen a cada proyecto, teniendo en cuenta que pueden ser beneficiarios o no de planes sociales y que dependerá de los movimientos sociales su incorporación a esa labor.
Aunque la Cámara de la Construcción comparte la necesidad de la transición de los planes sociales a programas de empleo, manifestaron que "es un error entender que la apertura de la competencia a organizaciones sociales o Cooperativas de Trabajo no formales contribuye a una ampliación, integra y transparente, de la concurrencia al mercado de la obra pública”.
Por su parte, la FAEC argumentó: "Lejos de consagrar los objetivos que el decreto propone desde sus considerandos, atenta contra la formalidad del trabajo en la construcción, toda vez que este requisito se cumple acabadamente con la incorporación de la mano de obra a ocupar al régimen de la ley 22.250 y el Convenio Colectivo de Trabajo N° 76/75, mientras que el trabajo en cooperativas no conlleva los beneficios de la seguridad y previsión social que son de la esencia de las prestaciones laborales efectuadas dentro del marco de la normativa mencionada y no se aprecia inconveniente alguno para que los trabajadores que eventualmente puedan y quieran sumarse a la actividad constructiva lo hagan incorporándose al régimen legal imperante”.
Constructoras versus las cooperativas
Por eso, alertaron que esta medida será un “incentivo al trabajo informal en fraude a las normas laborales y previsionales vigentes” y “condenará a las empresas formales que deben atender costos salariales un 54% superiores a los atendidos por una pseudo-cooperativa de trabajo”. Y expresaron que “los ‘cooperativistas’ son trabajadores dependientes encubiertos, informales; así se evaden los aportes y contribuciones al sistema sanitario y previsional por esos trabajadores”.
Asimismo, Gerardo Martínez, secretario general de la Uocra, dijo en diálogo con La Nación que “hay margen para que haya ruido siempre y cuando las cooperativas no generen fraude laboral, no sean su instrumento. La cooperativa es una unidad de negocio, quienes están en relación de dependencia son empleados. Quienes trabajen deberían estar encuadrados en el convenio colectivo de la Uocra, con sus derechos y condiciones laborales”.
Agregó, además, que apuestan a la idea de que quienes trabajen con las cooperativas en este tipo de obras se afilien a su gremio. “Eso generaría una competencia leal dentro del sistema, porque estuvimos observando e inspeccionando a distintas cooperativas. Una de ellas -muy grande-, la 17 de octubre, trabajaba como tercerización de desarrolladores inmobiliarios y tenía un comportamiento de pago un 40% por debajo de lo que gana un trabajador de la industria. Sin embargo, tenían contratos saludables y bastante onerosos”.
JD / MCP
