Denuncian a Patricia Bullrich por la supuesta compra irregular de armamento para el G20
La Oficina Anticorrupción acusó a la exministra de Seguridad de adquirir materiales que llegaron al país 5 meses después de la cumbre y, en algunos casos, con supuestos sobreprecios de más del 300%.
Patricia Bullrich |
Cedoc Perfil
La Oficina Anticorrupción (OA) denunció este martes 8 de febrero a la presidenta del PRO y exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, tras detectar supuestas irregularidades en la compra de materiales para utilizar en la cumbre internacional del G-20 que se hizo en noviembre de 2018.
Según la acusación, el Ministerio de Seguridad de Cambiemos compró ambulancias, furgones, scanner, chalecos antibalas y equipos antiexplosivos para la cumbre, pero habrían llegado al país hasta cinco meses después de que concluyera el encuentro internacional y, en algunos casos, con supuestos sobreprecios de más del 300%.
El titular de la Oficina Anticorrupción, Félix Crous.
La denuncia apunta también a otros exfuncionarios de la cartera de Seguridad y es el resultado de una investigación que llevó adelante la OA que conduce Félix Crous, a partir de una auditoría de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) que detectó las supuestas irregularidades en las 9 licitaciones analizadas. consignó la agencia Télam.
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La denuncia recayó en el juzgado a cargo del magistrado Luis Rodríguez y en la fiscalía que encabeza Paloma Ochoa, y en el texto de la misma se señala que de los llamados a licitación surge que los bienes a adquirir resultaban necesarios para apoyar las operaciones de las Fuerzas de Seguridad en la cumbre del G-20, según pudo reconstruir Télam de fuentes con acceso a la investigación.
En todos los procesos licitatorios, los funcionarios denunciados habrían consistido que el plazo de entrega de los bienes resultara posterior al 1° de diciembre de 2018, el día en que culminó la Cumbre del G-20, lo que implicó que ninguno de los bienes adquiridos pudiera utilizarse con la finalidad para la que habían sido comprados.
Armamento para el G20: quiénes son los denunciados y de qué se los acusa
En la denuncia se detalla que las irregularidades se dieron alrededor de la compra de 4 ambulancias, 20 furgones, 475 chalecos antibalas, equipos antiexplosivos, 900 uniformes ignífugos, 2 scanner de vehículos montados sobre un vehículo tipo furgón, 5 camiones hidrantes, sistemas de comunicación y 120 pistolas tácticas, y que el precio pagado por el Estado Nacional superó los 9 millones de dólares.
Entre los denunciados se encuentran el exsecretario de Coordinación, Formación y Carrera del ministerio de Seguridad, Alberto Fernando Fohrig; el exsubsecretario de Gestión Administrativa, Martín Siracusa; y el exsecretario de Coordinación, Bienestar, Control y Transparencia Institucional del Ministerio de Seguridad, Daniel Fihman.
La presidenta del PRO, Patricia Bullrich.
La OA les imputó haber cometido los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con la función pública y administración fraudulenta en perjuicio del Estado Nacional.
Los sobreprecios que denuncia la Oficina Anticorrupción
En el caso de la licitación de equipos antiexplosivos, la OA detectó que el 20 de noviembre de 2018 Bullrich aprobó la adquisición de 2 tolvas de protección a la firma Everthron Marine Systems S.R.L, en un precio que excedió supuestamente en más del 315% la cifra testigo establecido por la Sigen.
La investigación de la OA también detectó supuestas irregularidades en la adquisición de 475 chalecos antibalas a la firma Antaaj S.R.L., con un presunto sobreprecio del 30% en relación al precio testigo previamente fijado por la Sigen.
Los chalecos, que habrían sido entregados más de dos meses después de concluida la Cumbre del G-20, se le compraron a la firma Antaaj S.R.L., empresa a la que además no se le aplicaron las multas correspondientes, según surge de la denuncia.
En el texto de la denuncia se señaló, además, que los beneficios a los que accedió la firma Antaaj S.R.L. podían responder al vínculo que el socio gerente de dicha empresa, Alejandro Altoé, mantenía con la diputada Graciela Ocaña, con quien habría trabajado en el ministerio de Salud entre 2008 y 2009.
