La Sala VI de la Cámara Federal de Casación Penal revocó los sobreseímientos de Julio De Vido y de su esposa, Alessandra Minnicelli, en una causa por presunto enriquecimiento ilícito.
Los jueces Mariano Borinsky, Juan Carlos Gemignani y Gustavo Hornos, hicieron lugar a un recurso presentado por la Fiscalía de Investigaciones Administrativas.
Así, ordenaron reabrir la investigación sobre el matrimonio del ministro de Planificación Federal y de su mujer, que fue adjunta de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), entre 2003 y 2007
Lo curioso es que uno de los jueces citó un discurso del expresidente Néstor Kirchner, quien designó a De Vido como funcionario desde el inicio de su gobierno en 2003, para justificar el fallo.
Gemignani recordó "el especial status de los delitos en los que participan funcionarios públicos en nuestro país, consecuencia de la aprobación mediante la ley 24.759". Y escribió que "las mejores palabras para valorar los hechos aquí considerados, en atención a la alta envestidura del cargo ostentado al momento de realizar estas afirmaciones, han sido vertidos por el Dr. Néstor Kirchner, el 18 de Junio de 2004".
En ese discurso, el entonces jefe de Estado reclamó "lamentablemente de manera infructuosa al parlamento argentino, el otorgamiento de rango Constitucional a la 'Convención Interamericana contra la Corrupción'", dijo el magistrado.
"Parafraseando el preámbulo del proyecto de ley afirmaba el Dr. Kirchner: 'la corrupción socava la legitimidad de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia, así como contra el desarrollo integral de los pueblos'", añadió el juez, según el fallo difundido por la agencia DyN.
Kirchner sostenía que "la corrupción materializada en acciones de los sectores de poder, sean ellos del Estado o de la sociedad no estatal, afecta la igualdad" porque "mediante el acto de corrupción, el funcionario, que debe velar por el interés público, satisface un interés privado en detrimento de aquel".
"En efecto, cuando hay prácticas corruptas el Estado se degenera: ya no está al servicio de los intereses de la comunidad, de la búsqueda de mayor libertad e inclusión para el pueblo en su conjunto, sino que por el contrario, se orienta a servir a los intereses de cierto grupo de personas, que usan en beneficio propio los recursos destinados a satisfacer las necesidades de la colectividad", decía Kichner, como resaltó el juez.
De Vido y su esposa fueron denunciados por presunto enriquecimiento ilícito, a raíz de la compra de una chacra de cuatro hectáreas en Zárate, cuando ambos eran funcionarios públicos. En 2009, el entonces juez federal subrogante Octavio Aráoz de Lamadrid consideró justificado el incremento patrimonial y los sobreseyó.
El fiscal de Investigaciones Administrativas, Guillermo Noailles, apeló la medida, pero la Cámara Federal confirmó el sobreseimiento. Una serie de apelaciones llevaron el caso hasta la Corte Suprema, ante la posibilidad de que la FIA pudiera participar como querellante. En 2014, la Sala I de la Cámara Federal volvió a ratificar el sobreseimiento, argumentando que "se insiste en la realización de medidas probatorias con el objeto de encontrar elementos de sospecha, en lugar de señalar cuál es el acto sospechoso que justificaría la realización de tales medidas probatorias". Ahora Casación revirtió ese fallo.
