El Tribunal Oral Federal (TOF) 2 autorizó hoy a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner a viajar a Cuba, entre el 20 y el 30 de abril, para ver a su hija Florencia. El tribunal tiene a su cargo el juicio por presunto direccionamiento de la Obra Pública en favor de Lázaro Báez. Se trata del único debate contra la ex mandataria que tiene fecha de inicio. El fiscal del caso, Diego Luciani, se había opuesto la semana pasada a que la ex presidenta saliera del país. Entre los fundamentos de su resolución, el fiscal había manifestado la cercanía del comienzo del debate, previsto para el 21 de mayo.
Ayer, la ex mandataria ya había obtenido la decisión del TOF 5, que tiene a su cargo la causa Los Sauces, en tanto que hoy, poco después de la decisión del TOF 2, se conoció que también fue autorizada por parte del TOF 8, donde recayó el caso Hotesur.
Para los jueces del TOF 2, entre otros puntos, no hubo cambio de circunstancias entre la anterior autorización de viaje, que le dieron el pasado 14 de marzo y ahora. Un punto en el que disintieron con el fiscal Luciani, para quien entre aquella oportunidad y esta, hubo modificaciones. “Las circunstancias concretas que se verifican en el caso bajo estudio no han sufrido modificaciones sustanciales con relación a la decisión adoptada por este Tribunal el día 13 de marzo de 2019, por lo que se habrá de mantener el criterio establecido”, sostuvieron los magistrados.
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Agregaron que Fernández de Kirchner aportó a través de su defensa “una impresión de su reserva de pasaje de ida, cuyo destino se ha corroborado que es La Habana, vía aeropuerto de Panamá City (PTY, con una escala de menos de dos horas). Indicó, a su vez, los vuelos con los que regresaría a esta ciudad y el domicilio en el que se ubica el hotel en el que se alojará”.
Los magistrados sostuvieron que CFK siempre estuvo a derecho y avisó de sus salidas del país, aunque no tiene prohibición de salida del país, entre otros puntos a favor.
En sus argumentos, Luciani, había ahondado en la proximidad del inicio del juicio oral, lo cual imponía la necesidad de modificar el criterio que sostuvo en dictámenes anteriores. Sostuvo que el Estado, debía garantizar la obligación de preservar las condiciones que garantizaran la efectiva realización de los procesos penales; y que ese deber cobraba especial importancia frente a la gravedad de los hechos investigados.
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También hizo referencia a la necesidad de garantizar la presencia de Fernández de Kirchner y destacó que no habían tratados bilaterales de extradición con Cuba. Al tiempo que citó precedentes en los que adoptó una postura similar.
