Oyarbide dictó la prisión preventiva contra Isabelita
La medida, ordenada esta tarde por el magistrado federal, tambiénes extensiva a los ex
policías acusados de haber pertenecido a los grupos de tareas de la organización parapolicial
Juan Ramón Morales, Rodolfo Almirón y Miguel Angel Rivarola.
Oyarbide avanza en la causa por los crmenes cometidos por la Triple A. |
CEDOC
El juez federal Norberto Oyarbide dictó esta tarde la prisión preventiva de la ex presidenta María Estela Martínez de Perón. La medida del magistrado también se hace extensiva a los ex policías acusados de haber pertenecido a la Triple A, Juan Ramón Morales, Rodolfo Almirón y Miguel Angel Rovira.
En la resolución, el magistrado fundamentó que la medida tiene como objetivo lograr la extradición a la Argentina Isabelita para ser juzgada por los delitos cometidos por la organización de extrema derecha que actuó durante su gobierno. El magistrado también dictó embargos de 500 mil pesos para Morales y Miguel Angel Rovira.
Oyarbide no le imputa directamente a la ex presidenta de la Nación los crímenes cometidos por la Triple A. Sin embargo, sí reconoce que Isabel no podía desconocer, dada la responsabilidad de su cargo, las tareas que llevaban adelante los grupos paramilitares durante su mandato.
Hasta hoy, Isabel Martínez se encontraba bajo libertad provisional. De hecho, el jueves el juez español Juan del Olmo le ratificó la medida a la ex funcionaria a cambio de que se presente cada quince días en el juzgado. De esta manera, el pedido del magistrado argentino acelera la posibilidad de extraditar a la viuda de Perón desde España.
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Martínez de Perón está imputada en dos causas llevadas adelante por jueces argentinos. Por un lado, el juez federal de San Rafael, Héctor Acosta, acusa a la viuda de Perón por la desaparición de un joven estudiante un mes antes del golpe de Estado que la derrocó en marzo de 1976.
La otra, a cargo de Oyarbide, trata sobre los crímenes cometidos por el grupo paramilitar Triple A –la banda creada y controlada desde las sombras por el ex ministro de Bienestar Social y ex secretario privado de la Primera Dama, José López Rega–, a la que se le atribuyen 1.500 asesinatos políticos durante su gobierno.
