Dos fallos viene marcandole el terreno al juez federal Norberto Oyarbide y amenazan con sembrar el ocaso definitivo del magistrado más polémico de los Tribunales federales.
Este semana, los miembros de la Sala I de la Cámara Federal plantearon un paralelismo entre el modus operandi del magistrado en las causas Schoklender y Alhec, en la que se investigaba el supuesto lavado de dinero de pases de jugadores de fútbol a través de una financiera. En ambos expedientes, el juez terminó siendo apartado por las supuestas irregularidades cometidas. La Sala I también es un tribunal polémico. Durante años se ganaron el mote de “sala K” por sus fallos a favor del Gobierno.
Según los camaristas, en ninguna de las dos causa el juez explica cuáles son los hechos delictivos cometidos por los imputados y lo acusan de violar el Código Procesal Penal. Le endilgan que en sus causas “no se establece cuándo, cómo y donde se cometieron los hechos investigados”.
Los camaristas aseguran que el juez detuvo irregularmente y sin razón jurídica a los sospechosos. Explican supuestas maniobras para convertirse en el juez de ciertas denuncias.
En las dos causas deciden apartarlo y enumeran una clase de derecho básico, como los apartados donde explican las atribuciones de un juez.Lo acusan, también, de “violar garantías y derechos constitucionales”.
Detenciones. Oyarbide encarceló a los sospechosos sobre la base de que existía peligro de fuga y de entorpecimiento de la investigación. Dos semanas después, sin embargo, el juez dispuso los procesamientos de las mismas personas sin prisión preventiva porque “no existían riesgos procesales”. Fueron liberados un domingo por la noche, una fecha inusual en Tribunales.
Los camaristas aseguraron que la decisión del juez no tiene un fundamento lógico en términos jurídicos: “No se observa en el expediente cuáles habrían sido los elementos de convicción incorporados a la causa capaces de revertir las circunstancias aludidas por el juez” cuando ordenó detener a los sospechosos. Los camaristas lo aducen a “decisiones caprichosas” de su Señoría.
Un juez descuidado. La Cámara sugiere que se realizó una supuesta maniobra para que Oyarbide investigue a Alhec. El juez comenzó a investigar la causa de los pases de jugadores a través de transacciones de la financiera Alhec generando una conexión con una vieja causa de su juzgado: pasaportes truchos para jugadores. Pero para la Cámara, “no había ningún elemento incorporado” que “permitiera avizorar” la conexión entre ambas denuncias. “Se terminaron ordenando medidas en la más absoluta ceguera”, con “la esperanza de que al final del camino algo apareciera”.
En una definición letal, los camaristas catalogaron el modus operandi de Oyarbide como “una auténtica ‘excursión de pesca’ inaceptable en un Estado de Derecho”, y sostienen que violó “derechos constitucionales”. Se intervinieron teléfonos, se allanaron domilicios, se encarcelaron personas, se las indagó y fueron procesadas “sin que previo a ello hubiera circunstanciado mínimamente la hipótesis delictiva”.
En Schoklender, los camaristas ya habían advertido que Oyarbide había “violado el derecho de defensa”. El juez encuadró ambas causas como asociaciones ilícitas, ya que imputó a varias personas de formar una organización para cometer delitos. En ambos expedientes hay sumas millonarias detrás: los fondos que el Gobierno derivaba a la Fundación de las Madres y el pago de jugadores de fútbol.
En la acusación de Schoklender “no se señaló cuál sería la actividad delictiva” y “en ninguna de las declaraciones indagatorias constan los nombres de la totalidad de las personas que habrían formado parte de la asociación ilícita”. “Ignoramos cuál es el monto total” de los fondos, sostuvo la Cámara.
En Alhec, para los camaristas Oyarbide “renovó el flagrante vicio” de su forma de acusar. En Schoklender, ya habían hablado de un “vicio” del magistrado que lo llevó a un “serio menoscabo a las garantías constitucionales, fundamentalmente al derecho a defensa”.
