País de Facto

Los vendedores de mercancías que hace años ocupan la plaza Cortázar del porteño Palermo sólo quieren vender sus productos ahí y no a seis cuadras. Como ahora el Gobierno de la Ciudad ya no los deja, “acampan”. No se irán hasta que los dejen.
Los colectiveros se implantan en espacios públicos alegando inexistencia de garajes propios. Decenas de “bondis” ocupan, así, áreas del Estado y de función pública. Sacarlos es tarea ímproba y sólo se consuma cuando reciben “algo” a cambio.

Centenares de familias son llevadas a emplazamientos cuya titularidad se ignora, arriban con sus pertenencias y levantan un asentamiento de la noche a la mañana. Sólo aceptarán irse a cambio de que, también de modo fulminante, el Estado les garantice vivienda propia, hecha por el Gobierno y en tierras públicas privatizadas ad hoc para desmaterializar la tensión y evitar violencia.
De pronto, personas que trabajan para empresas consagradas al negocio del manejo y administración de rutas se concentran, ocupan las cabinas de peaje y de manera natural suspenden la cobranza del precio. Alegan conflicto con la patronal, y como medida de lucha, o apriete, interrumpen el flujo de recursos desde el cual deben surgir los recursos.

También sucedió con el subte: vías del tren soterrado ocupadas por militantes, servicio suspendido, situaciones de enorme riesgo que se han consumado, a partir de un reclamo o de la vociferante expresión de una petición.

¿Demora en el servicio ferroviario? Estaciones incendiadas o al menos parcialmente saqueadas. ¿Sospecha de una explotación minera que trabajaría con productos que pueden contaminar la tierra? Ambientalistas bloquean rutas e intersecciones, paralizando la vida comercial sobre cuya base subsisten poblaciones enteras.

Mientras desde hace 20 años se discute la pertinencia de que la hoy inmanejable Villa 31 de Retiro sea urbanizada con dinero del Estado y convertida en barrio formal y emplazado en tierras más altas y menos problemáticas, la vida de hecho sigue su recorrido. Al circular por la autopista Illia advertimos que, sin permiso, control ni autorizaciones, las casas ya van por su segundo y hasta tercer piso. Pronto habrá rascacielos informales en ese lugar.

Hay un país “de prepo”. Funciona con acciones, al margen de la ley y a menudo contraviniéndola directamente. En esa Argentina de facto, las normas son molestia fastidiosa, elitista constatación de la dictadura de los ricos sobre los pobres. Escenario perverso: hoy, el poder político oficial despliega autorizaciones precarias pero siempre providenciales para que, en casos puntualmente autorizados por el Gobierno, la ley sea violada clamorosamente.

Lo hacen los vecinos de Gualeguaychú. Dueños del lado argentino han obliterado la supremacía tradicional de fuerzas de seguridad y funcionarios migratorios. No es a la Gendarmería a la que se acude para cruzar la frontera. Se negocia con las autoridades de hecho, los piqueteros. Melancólico regreso argentino a la Edad Media: la diplomacia y la seguridad fronteriza están en manos de vecinos indignados, mientras el Estado, ausente y bobo, mira a la distancia, dispuesto a no ejercer su soberanía. Condados y comarcas remotas quedan en manos de los locales. El poder central se ufana de su buscada impotencia. En esos extremos donde el Estado renuncia a supervisar, priva la doctrina de la fuerza bruta. Desaparecido el poder conminatorio de la normativa general, las atribuciones de las parcialidades son absolutas.

Esto se verificó en Ríver y ha sido aceptado tácitamente por casi todos los clubes de fútbol. Los “barras” dominan, impertérritos, dentro y fuera de los estadios: operan desde un poder incuestionable y desde esa fuerza despliegan poder territorial, dinerario y mafioso.

El “de prepo” es un rasgo de la Argentina que gobierna Kirchner. Incontables núcleos de vecinos, trabajadores, estudiantes y grupos de afinidad imponen lo que perciben como sus necesidades, a base de fuerza. Alegan que no hay otra manera y que, aun disgustados con la acción directa, deben recurrir a ella para que los “escuchen”.

El Gobierno impulsa y cauciona de manera deliberada una ilegalidad parcial en sectores específicos. Por eso, la Gendarmería está “pintada” en Gualeguaychú y quienes administran el paso internacional son los piqueteros.

En general, la Casa Rosada opta por convalidar hechos ilegales perpetrados por sectores de clase media y se reserva una nada desdeñable furia para casos de menor relieve mediático y de protagonismo social más subalterno. El crimen de Axel Blumberg fue esclarecido y la foto del muchacho sigue intacta en el escritorio del Presidente, pero el del suboficial Jorge Sayago, asesinado en Santa Cruz en febrero de 2006, sigue perfectamente impune.

Familiares de las víctimas de Cromañón continúan acampando en la calle Bartolomé Mitre, cortándola 100 metros. La convirtieron en un extravagante “santuario” y modificaron todo el tránsito del barrio de Once, pero ninguna autoridad lo impide.
La vida social funciona de modo casuístico en el país: la ley se aplica, o no, de acuerdo con las relaciones de poder y la voluntad oficial. Burlada y desestimada, la norma es una entelequia que produce sorna en un gobierno cuyas principales cabezas son todos abogados.

Por eso, esta semana el Senado fue una fotografía deslumbrante del predicamento de la Argentina. En efecto, la senadora Cristina Fernández de Kirchner fue autorizada por el Senado a viajar a París en cumplimiento de una misión presidencial, ¡cuando ya había regresado de su fastuosa y sobreactuada gira! El extravagante disparate fue la única salida que tuvo el oficialismo cuando el diputado Jorge Vanossi reveló que si la Primera Dama viajaba sin venia del Congreso, se violaba una cláusula constitucional. Vanossi advirtió que la Primera Dama violaría el artículo 72 de la Constitución Nacional si, en nombre del Poder Ejecutivo Nacional, firmaba un convenio internacional en representación de su marido, el presidente Néstor Kirchner. Ese artículo establece que “ningún miembro del Congreso podrá recibir empleo o comisión del Poder Ejecutivo sin previo consentimiento de la Cámara respectiva, excepto los empleos de escala”. Sorprendido in fraganti, y como el Congreso estaba en receso vacacional, el oficialismo autorizó ahora, sin sonrojarse, que la senadora viajara, cuando ya descansaba en Olivos del traqueteo del décalage en París.

La grosera burla a la ley, en nombre de la eficacia y la rapidez, prenuncia una mala noche. Perpetrada desde el poder, se disemina como virus intratable. Un país que vive de facto prepara las condiciones de una pesadilla.