El juez Daniel Rafecas, que hoy está en boca de todos tras desestimar la denuncia del fiscal Alberto Nisman, llegó al juzgado federal número 3 en el 2004, cuando el entonces presidente Néstor Kirchner encarnaba una verdadera renovación del Poder Judicial. Desde entonces pasaron por su despacho decenas de causas sensibles en los que tuvo idas y vueltas con el kirchnerismo.
Antes de que la presunta apropiación de la imprenta Ciccone por parte de Amado Boudou sea investigada por el juez Ariel Lijo, fue el propio Rafecas quien tuvo en sus manos la causa por la que hoy está procesado el vicepresidente.
En 2012, cuando la causa llevaba pocos días, el magistrado instruía las primeras medidas de la investigación cuando se desató un escándalo: luego de ordenar un allanamiento en el departamento de Boudou de Puerto Madero, el abogado defensor Ignacio Danuzzo dio a conocer conversaciones con WhatsApp donde Rafecas le facilitaba información de la causa y le daba recomendaciones para proceder.
El abogado de parte estaba indignado porque el juez no le había anticipado la medida. Las conversaciones entre ambos eran contundentes: "No podemos tener tanta mala suerte que no haya ningún antecedente!!", le escribió Rafecas a Danuzzo, cuando hablaban de la extraña consulta de la AFIP a Boudou para darle una moratoria a Ciccone.
Finalmente Rafecas fue removido, y declaró meses después en el Consejo de la Magistratura que actuó “de buena fé”. El juez contó que Danuzzo lo fue a ver a su despacho durante los primeros días. Que lo recibió porque “los funcionarios tienen que ser accesibles” y el abogado era el mejor amigo de su hermano.
Además, reconoció que en los mensajes “pudo haber alguna palabra demás o algún tiempo verbal mal empleado” pero que nunca anticipó medidas ni le dio recomendaciones a la defensa de Boudou. “Cuando vi que los intereses de Danuzzo mutaban al lobby corté relación con él”, explicó.
Coimas. En el Consejo de la Magistratura, Rafecas tampoco tenía el apoyo de la oposición. Es que el magistrado había tenido antes la causa por coimas en el Senado, como principal acusado al expresidente Fernándo De la Rúa, al que había enviado a juicio oral.
El juez recibió la causa ya iniciada, y una de sus primeras medidas había sido procesar a De la Rúa junto a otros 8 imputados. Rafecas estaba convencido de que el expresidente había coordinado las negociaciones con diputados opositores a los que les ofrecieron 4.300.000 pesos en coimas para que aprobaran la ley de flexibilización laboral propuesta por el FMI.
El año pasado, De la Rúa fue encontrado inocente por el hecho en el juicio. El tribunal oral que sobreseyó al expresidente dedicó fuertes cuestionamientos al trabajo del magistrado. “La forma en que procedió el juez Daniel Rafecas patentiza su parcialidad y falta de ecuanimidad en la investigación de los hechos”, sostuvieron.
“La madre de todas las batallas”. Otra causa sensible que instruyó el juzgado federal número 3 fue la que investigaba la presunta apropiación ilegal de Papel Prensa, la imprenta de diarios que favoreció estratégicamente al Grupo Clarín. La investigación llegó en 2010, en pleno auge de la guerra del multimedios con el Gobierno.
La actuación de Rafecas en la causa le valió críticas de ambos lugares. Ese mismo año, de forma prematura, se declaró incompetente de la instrucción y vinculó el transpaso de acciones propiedad de la familia Gravier con la represión ilegal, delegando por tanto la causa al Juzgado Federal Nº 3 de La Plata, a cargo de Arnaldo Corazza, quien investiga las causas residuales pertenecientes al llamado "circuito Camps".
A la fecha, ya suma cinco denuncias por supuesto mal desempeño ante el Consejo de la Magistratura. Aunque ninguno de los procesos avanzó de manera significativa, en distintos momentos se especuló con la posibilidad de que sea removido de su cargo ya que no cuenta con
