Patricia Bullrich volvió a la carga reclamando la reforma penal, tras la difusión de un video estremecedor que sacudió a Santa Fe. Se trata del asesinato de Jeremías Monzón, un joven de 15 años, que fue apuñalado más de veinte veces, y ese reavivó el reclamo por la baja de la edad de imputabilidad., un tema que ha estado muchas veces en debate, pero en el que nunca se avanzó con decisión.
Este jueves Patricia Bullrich, ahora en su rol de senadora libertari,a utilizó sus redes sociales para denunciar que la falta de una normativa actualizada permitió que los responsables de delitos graves recuperaran la libertad de forma inmediata por el solo hecho de ser menores.
El caso que motivó el pedido ocurrió a fines de diciembre y tuvo como protagonistas a jóvenes de entre 14 y 15 años. Según la investigación, los atacantes torturaron a Monzón y filmaron el crimen mientras lo ejecutaban, pero dos de ellos quedaron fuera del alcance de la justicia penal por encontrarse debajo del límite de imputabilidad vigente. Bullrich remarcó que el dolor de la familia se agravó ante la impunidad de quienes cometieron el asesinato, quienes actualmente no enfrentan penas ni consecuencias directas por semejante crueldad y salvajismo.
La legisladora apuntó directamente contra la composición anterior del Congreso y la acusó de "frenar el debate de la Ley Penal Juvenil por decisiones políticas". Sostuvo que el resultado de esa inacción fue "una generación de delincuentes que creen tener libertad para delinquir bajo la excusa de su edad”. Para la senadora, el nuevo cuerpo legislativo del que forma parte desde diciembre "tiene la obligación de tratar el proyecto de forma urgente" para terminar con ese vacío legal.
Esta no resultó ser una demanda aislada, ya que Bullrich realizó un reclamo similar hace apenas una semana por el homicidio de Gustavo Pairó en José C. Paz. En aquella oportunidad, un menor de edad participó en el robo y asesinato del hombre de 53 años para sacarle la moto. La senadora insistió en que el nuevo Código Penal debe terminar con la lógica de "zafar" y comparó la situación con legislaciones de otros países europeos donde la responsabilidad penal comienza mucho antes.
Bajo la premisa de que "quien las hace, las paga", la dirigente libertaria buscó instalar la agenda de seguridad como prioridad para el inicio de 2026. Reclamó que el Congreso actual sancione la normativa sin más retrasos para evitar que se repitan casos de menores que cometen delitos atroces y salen impunes. "El nuevo Código Penal y la Ley Penal Juvenil vienen a terminar con esta locura. Basta de zafar por ser menor", sentenció al cerrar su mensaje público, reforzando su postura de tolerancia cero ante el crimen violento.
Delitos: Edad de imputabilidad o capacidad de comprenderlo
Contexto y trasfondo de la ley
El proyecto para reformar el Régimen Penal Juvenil logró un dictamen de mayoría en mayo de 2025 tras un acuerdo entre el PRO y La Libertad Avanza. La discusión más intensa giró en torno al límite de edad: mientras algunos sectores proponían fijarlo en 13 años (en sintonía con el inicio de la adolescencia en el Código Civil), el consenso final se alcanzó en los 14 años. Otros bloques intentaron estirar el piso hasta los 15 años, lo que generó un fuerte debate sobre la efectividad de la medida como herramienta de prevención.
A pesar de haber avanzado en comisión, el tratamiento de la ley se diluyó en el recinto debido a la aparición de otras urgencias parlamentarias que surgieron en 2025. Temas como los aumentos a jubilados, la crisis presupuestaria en el hospital Garrahan y las emergencias por inundaciones desplazaron la agenda de seguridad de las sesiones principales. El oficialismo reconoció en su momento que, aunque la baja de imputabilidad no frenaba el delito de forma mágica, funcionaba como un paso necesario para reducir la sensación de impunidad en las calles.
Desde la oposición, el diputado Rodolfo Tailhade lideró las críticas y calificó la iniciativa como "irresponsable". Sostuvo que el sistema de institutos de menores colapsaría ante el ingreso masivo de adolescentes y que la medida no serviría para la reinserción social de los jóvenes. Según su visión, el endurecimiento de las penas sin un plan de contención integral solo lograría que los menores salieran de esos centros con perfiles más violentos, lo que convirtió al proyecto en un punto de quiebre irreconciliable entre el peronismo y el bloque libertario.
Ranking de la inseguridad 2025: el delito subió un 20 por ciento y se corre del AMBA
El Ministerio de Seguridad aseguró que hubo un descenso "histórico" de la tasa de homicidios
La cartera reportó una caída del 17% en los asesinatos cometidos entre 2023 y 2025. El año pasado se contabilizaron 1.705 víctimas frente a las 2.047 registradas al inicio de la gestión libertaria. En esta línea, el Ministerio manejado por Alejandra Monteoliva destacó que la tasa de homicidios bajó del 4,4 al 3,7 por cada cien mil habitantes, marcando así la cifra más baja en la historia estadística del país.
La gestión atribuyó estos resultados a la puesta en marcha del Plan 90-10, una estrategia que concentró los esfuerzos en el 0,8% del territorio nacional donde ocurrió la mayoría de los delitos violentos. El informe oficial mostró que el número de municipios críticos bajó de 193 a 180 en solo dos años y que siete de cada diez homicidios evitados pertenecieron a las provincias donde se aplicó este programa. Además, el Plan Bandera generó un impacto directo en la ciudad de Rosario, donde los crímenes disminuyeron un 22% respecto al período anterior.
El balance también reflejó una mejora significativa en la prevención de robos en todo el territorio nacional. Los datos oficiales indicaron que la tasa de asaltos bajó de 1.007 a 798 casos por cada 100.000 habitantes durante el último año, lo que representó un descenso del 20,8%. Para el Gobierno, esta tendencia validó el rumbo de la política de seguridad actual y sirvió como argumento para sostener la necesidad de reformas legales profundas que consoliden la baja del delito.
TC/DCQ
