La ceremonia de asunción de oficiales superiores de todas las fuerzas federales encabezada por el Presidente Javier Milei ofició también como fiesta de despedida oficial de Patricia Bullrich del Ministerio de Seguridad.
Fue el último acto de Bullrich como ministra y el Presidente la puso en un lugar destacado, a su lado, durante el acto. Un clásico de la liturgia institucional, asunción de oficiales de Prefectura, Policía Federal, Gendarmería, PSA y Servicio Penitenciario, funcionó también como carta de presentación de Alejandra Monteoliva, la mujer que reemplaza a Bullrich al frente de Seguridad.
Monteoliva, exfuncionaria de larga carrera técnica en políticas de seguridad, debutó en el acto que para Milei fue un gesto de continuidad: la entrega de sables, la solemnidad del Salón Blanco. La renuncia de Bullrich se presentó ayer en una carta fechada con efectividad al 1° de diciembre de 2025.
En su carta, Bullrich habló de “honor” y de “servicio”, pero su verdadera despedida política se juega en el Congreso. Quiere dejar como legado una reforma de alto impacto simbólico: declarar imprescriptibles los delitos de corrupción. Ese proyecto, que busca incorporar al nuevo Código Penal que el Ejecutivo enviará al Parlamento en sesiones extraordinarias, es presentado como una bandera contra la impunidad. Bullrich lo concibe como su cierre y a la vez como un capítulo inaugural de su rol legislativo.
La propuesta no es técnica: es política, cultural y confrontativa. En el derecho penal argentino, los delitos prescriben cuando transcurre un plazo equivalente a la pena máxima prevista sin sentencia firme. La prescripción se apoya en un principio básico: el derecho de toda persona a ser juzgada dentro de un tiempo razonable. Son excepcionales los casos que no prescriben —delitos de lesa humanidad, atentados contra el orden democrático— justamente porque afectan bienes jurídicos de una categoría distinta, vinculados a la memoria, la democracia y la humanidad.
Patricia Bullrich formalizó su salida del Ministerio de Seguridad ante Javier Milei
En ese marco, el gobierno parece decidido a avanzar en una comparación que desde el mundo jurídico es objetada: equiparar los crímenes de la dictadura con delitos graves: Homicidio agravado, abuso sexual, Corrupción de menores, trata de personas, secuestros, atentados a la democracia, terrorismo y otros. Poner todo en el mismo nivel conceptual supone, como mínimo, un corrimiento de sentido. Y también elevar sustancialmente las penas por delitos de corrupcción. Es allí donde Milei y su círculo más cercano insisten: la corrupción también “destruye vidas”, “arruina generaciones”, “erosiona la república”. Se trata de una relectura de la historia reciente que busca ampliar, o más bien reinterpretar, el uso de la categoría de imprescriptibilidad hacia un terreno político.
En la despedida de Bullrich conviven esas dos dimensiones: por un lado, la liturgia afectiva de una funcionaria que se va con fiesta propia en Casa Rosada; por otro, el intento de dejar instalado un marco narrativo en el que delitos comunes graves pero comues son tan graves como los de la dictadura. Una operación que en el universo jurídico genera incomodidad y que en el campo político busca reordenar aliados, enemigos y relatos.
Mientras Monteoliva se acomoda en su nuevo rol, Bullrich ya trabaja en su próximo escenario: el Senado. Ahí donde la pelea es menos fotogénica, pero más estratégica. Ahí donde los proyectos no se entregan con sables, pero pueden cortar igual de hondo.
AG/fl
