La definición de ataque remite a una ofensa o una descalificación hacia quienes piensan distinto, cuestionan al poder o sostienen una posición que no coincide con sus valores, su fe o su forma de concebir la democracia. Al hablar de la prensa, el concepto adquiere una dimensión institucional cuando esas agresiones provienen del poder político y pueden afectar el ejercicio de la libertad de expresión.
Alrededor de ese eje, periodistas y legisladores opositores tuvieron que autoconvocarse este viernes en la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados para analizar la situación de la prensa. El vicepresidente primero, Nicolás Trotta, cuestionó la falta de funcionamiento de la comisión y señaló que hay más de 100 proyectos sin tratar.
Desde el cierre de la sala de periodistas de la Casa Rosada y la cancelación masiva de acreditaciones, las restricciones para el ingreso de trabajadores de prensa, la denuncia contra Luciana Geuna e Ignacio Salerno, los episodios de represión contra periodistas y fotorreporteros, los ataques públicos del Presidente y otros funcionarios contra la prensa, y la intrusión registrada el 31 de agosto en la sala de periodistas, fueron algunos de los temas.
En ese contexto, el director de PERFIL, Rodrigo Lloret, dividió su exposición en tres ejes: “la guerra de Milei contra Perfil”, la mentira de la pauta pública y las dificultades que atraviesan los periodistas para trabajar.
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Lloret recordó que el conflicto tuvo uno de sus primeros momentos de mayor tensión en abril de 2024, cuando Revista Noticias publicó una investigación del periodista político Juan Luis González sobre los perros de Milei. Apenas horas antes de la publicación, Santiago Caputo se comunicó con el medio y advirtió que, si la nota salía, “lo vamos a tomar como una declaración de guerra”.
Finalmente, la investigación fue publicada y pocos días después Milei volvió a apuntar contra Perfil y su fundador, Jorge Fontevecchia, a quien cuestionó y descalificó públicamente en distintas oportunidades y con múltiples calificativos.
Durante su exposición, Marcela Pagano volvió sobre el tema y aseguró haber presentado 36 pedidos de tratamiento por agravios contra periodistas, entre ellos el mencionado. “Cuando se discrimina desde el Gobierno, no hay un sesgo ideológico de derecha, de izquierda”, afirmó la diputada y periodista.
Cuestionó que, aunque el Gobierno sostiene que eliminó la pauta oficial, existen recursos destinados a publicidad a través de empresas estatales como YPF, Aerolíneas Argentinas y Banco Nación. Sostuvo que el problema central es la falta de información sobre qué medios reciben esos fondos: “Hoy no podemos saber dónde va cada peso”, planteó, y pidió que el Congreso investigue el destino de esos recursos.
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También se refirió a las condiciones concretas en las que trabajan los periodistas y puso el foco en el cierre de la sala de prensa de la Casa Rosada, las restricciones de ingreso y el episodio del 31 de agosto, cuando fueron forzados y revisados los escritorios y cajones de periodistas acreditados. En esa misma sala, el 13 de diciembre de 1979, el periodista José Ignacio López le preguntó al dictador Jorge Rafael Videla por los desaparecidos. “Milei hizo lo que Videla no hizo”, fue la frase con la que cerró.
Por último, recordó la reciente inauguración de la calle José Luis Cabezas en la Ciudad de Buenos Aires, impulsada a partir de un proyecto presentado en la Legislatura porteña, y vinculó ese homenaje con la necesidad de preservar la memoria sobre los riesgos que enfrentó el periodismo argentino durante la dictadura y en democracia.
“Insisto, no creo que estemos frente al peor momento del ejercicio periodístico en la Argentina. Pero eso no impide que tengamos que encender las alarmas”, concluyó.
La violencia y las restricciones a la prensa
La periodista Nancy Pazos dedicó su exposición a la violencia contra cronistas y reporteros gráficos durante las manifestaciones frente al Congreso.
Advirtió que, desde el comienzo de la gestión de Milei, los periodistas que cubren las protestas de jubilados de los miércoles frente al Congreso fueron víctimas de agresiones y recordó que un grupo de trabajadoras de prensa presentó un hábeas corpus preventivo para evitar golpes, detenciones y el uso de gases durante su trabajo.
De acuerdo con lo que explicó, ese planteo judicial todavía no tuvo una resolución definitiva y fue llevado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “En estos dos años, más de 150 cronistas y reporteros gráficos fuimos gravemente lastimados mientras hacíamos nuestro trabajo”, afirmó.
Para la periodista, la violencia contra la prensa no afecta solamente a quienes reciben los golpes o las agresiones. “Esa información es un derecho de toda la sociedad”, sostuvo, al remarcar que las cámaras, los teléfonos y los periodistas son los instrumentos que permiten registrar lo que sucede en la vía pública. “Ustedes tienen los medios para terminar con esto. Nosotros solo tenemos nuestros cuerpos”, expresó.
Lo mismo hizo el periodista Fernando Ramírez, quien también concentró su exposición en las modificaciones que sufrió el funcionamiento de la sala de prensa de la Casa Rosada.
Recordó que durante un período las conferencias de prensa incluyeron a estudiantes de periodismo junto con los periodistas acreditados y cuestionó propuestas que, según relató, contemplaban incluso que ciudadanos que pasaran por la sede de Gobierno pudieran participar de las conferencias.
También mencionó una iniciativa que planteaba un sistema mediante el cual los ciudadanos pudieran votar qué periodistas acreditados tenían permitido realizar preguntas.
Para Ramírez, esas situaciones formaron parte de un proceso que terminó con el cierre de la sala de periodistas y con nuevas restricciones para quienes trabajan diariamente en la Casa Rosada.
“Argentina tenía un estándar” que se deterioró, dijo Sebastián Lacunza
El periodista y representante de Reporteros Sin Fronteras señaló que el país arrastra problemas estructurales vinculados con la concentración de medios, el funcionamiento de los medios públicos, la relación entre los servicios de inteligencia y el periodismo y la distribución de recursos estatales.
Sin embargo, marcó una diferencia entre esos problemas históricos y la situación actual. Tal como explicó, Argentina todavía conserva estándares de libertad de expresión superiores a los de otros países de la región.
“No hay en Argentina periodistas detenidos, no hay en Argentina, salvo el caso de José Luis Cabezas, un asesinato de un periodista desde el retorno de la democracia”, afirmó.
Pero advirtió que el escenario se deterioró durante el gobierno de Milei. Lacunza citó el ranking de Reporteros Sin Fronteras y afirmó: “El deterioro de la ubicación de Argentina en el ranking anual de libertad de expresión de Reporteros Sin Fronteras fue uno de los más marcados del mundo en tres años”.
También mencionó como uno de los hechos más graves la agresión sufrida por el fotógrafo Pablo Grillo durante una protesta, cuando recibió el impacto de un proyectil de gas lacrimógeno en la cabeza mientras cubría una manifestación frente al Congreso. Lacunza calificó el episodio como “el hecho más grave en cuanto a violencia física que ocurrió desde el asesinato de José Luis Cabezas” y cuestionó el uso de las fuerzas de seguridad en los operativos.
En su exposición, además, defendió la existencia de medios públicos y planteó la necesidad de discutir políticas de comunicación que permitan sostener un ecosistema de medios plural.
Sobre esa base, consideró “muy relevante que el sistema político argentino internalice la necesidad de políticas de comunicación plurales, de medios públicos fuertes, para el público, no para el partido de gobierno”.
MSS
