El fiscal federal Franco Picardi apeló la resolución de la jueza María Eugenia Capuchetti que había ordenado, este lunes 2, archivar la causa por la toma de deuda de Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Este jueves, el mismo día que se conoció la apelación de Picardi, el presidente Javier Milei firmó un decreto para que el Estado deje de ser querellante en la causa que investiga dicha deuda, que se tomó cuando el actual ministro de Economía, Luis Caputo, cumplía esa misma función en el gobierno de Cambiemos.
“El Gobierno de Caputo de 2026 salva al Gobierno de Caputo de 2018. Es muy obsceno”, aseguró en la red social X el diputado Itai Hagman (Fuerza Patria). El decreto, que también lleva la firma del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, instruye a la Procuración del Tesoro “a cesar su intervención como querellante particular en la Causa N° 3561/2019”, que había iniciado el ex secretario de Comercio Guillermo Moreno contra Macri.
El origen de la deuda con el FMI
Picardi consideró en su dictamen, al que accedió PERFIL, que la jueza Capuchetti para ordenar el cierre de la causa hizo “una evaluación parcial, desmembrada, sesgada y superficial de los hechos y pruebas, así como del marco regulatorio que rige la materia sobre la que versa el caso y la aplicabilidad de normas imperativas”. Para el fiscal la decisión de la jueza es “prematura y vulnera el principio acusatorio”. También señaló que los hechos que se tratan tienen “gran relevancia institucional” y “trascendencia comunitaria”.
El dictamen de la fiscalía refiere a una “deuda estatal insostenible” por la suma de 57.100 millones de dólares (USD 57.100.000.000).
Picardi recordó que “para justificar este exponencial préstamo, los/as funcionarios/as públicos/as que intervinieron en el proceso de adquisición alegaron los siguientes objetivos: reducir la deuda pública, bajar la inflación a un dígito, restaurar la confianza en el mercado, proteger a los sectores vulnerables, crear puestos de trabajo, disminuir la pobreza y elevar el estándar de vida de la población, entre otros”.
La causa contra Macri por la deuda con el FMI está paralizada y temen que prescriba
En la apelación, Picardi señaló que el fallo de la jueza Capuchetti “no cumple con las exigencias mínimas de fundamentación”, no utiliza “prueba directa para rebatir las acusaciones”; y además “trae como referencia segmentos de evidencia -con bajo nivel de credibilidad- para justificar de manera sesgada el archivo”. Señaló que la jueza hizo una “evaluación parcial, desmembrada, sesgada y superficial de los hechos y pruebas del caso”.
También detalló los incumplimientos de los funcionarios públicos que impulsaron el “empréstito” con el FMI: falta de intervención del Congreso, falta de “intervención formal” del titular del Poder Ejecutivo, del Jefe de Gabinete, del Ministro de Finanzas e “incompetencia” del Ministerio de Hacienda, “expediente simulado con posterioridad a la firma del acuerdo”, ausencia de traducciones públicas al idioma español y falta de transparencia.
Causa FMI: esperan informes clave en las investigaciones contra Macri por la deuda
Picardi planteó que hubo un “esquema delictivo que debe ser analizado de manera integral”. En uno de los tramos más duros de la acusación, el fiscal, que también investiga la causa ANDIS, sostuvo que “las conductas reseñadas alcanzan sobradamente, a esta etapa procesal para sustentar con la robustez suficiente que los funcionarios y funcionarias públicas del PEN y del BCRA, a cargo de la administración de la mayor deuda de nuestra historia nacional, obraron de manera arbitraria y discrecional, lo que ha derivado en severas inconsistencias a la hora de identificar el destino, uso y trazabilidad de las divisas obtenidas del FMI”.
Y en ese sentido, advirtió que se debe profundizar en la investigación de la “hipótesis delictiva de malversación de caudales públicos”.
Ahora debe resolver la Cámara
Ahora, debe resolver la apelación la Sala I de la Cámara Federal, integrada por los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens. Bertuzzi y Bruglia fueron trasladados a esos cargos en la Cámara durante la presidencia de Macri. Luego de un litigio judicial, un fallo de la Corte Suprema ordenó que ambos debían concursar esos cargos. Ahora, el expediente está en el ámbito de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a donde fueron a litigar los jueces afectados, que planteó una "solución amistosa", que debe definir el Ejecutivo nacional.
Capuchetti también fue designada durante el gobierno de Macri y enfrenta fuertes críticas de sectores del peronismo por la instrucción que llevó adelante en la causa por el intento de homicidio de Cristina Fernández de Kirchner en 2022.
cp
