Se acentúa la soledad del juez Víctor Violini. La agrupación Usina de Justicia pidió un juicio político contra este integrante del Tribunal de Casación bonaerense, al acusarlo de "incompetencia, negligencia en el ejercicio de sus funciones y el incumplimiento de los deberes de su cargo". ¿El motivo? El 8 de abril, el juez aceptó un habeas corpus colectivo presentado por los 19 Defensores Generales de la provincia, para que se les concedieran prisiones domiciliarias a presos en peligro de contraer coronavirus.
Si bien su planteo iba en línea con lo resuelto por la justicia federal, lo recomendado por Naciones Unidas y hasta lo avalado por el gobierno, la resolución de Violini derivó en un escándalo. El juez bonaerense se volvió una mancha venenosa. Al magistrado le llovieron críticas desde la política (oficialismo y oposición), los medios, las redes y hasta la justicia. Lo desairó la Corte bonaerense, el jefe de los fiscales Julio Conte Grand y la Asociación de Magistrados.
El principal motivo de los cuestionamientos se construyó a partir de un caso en particular. Una de las 139 personas que accedieron al beneficio de la domiciliaria, a partir del fallo algo generalista del magistrado, resultó ser un violador. Se trata de un varón de 67 años, que había abusado de una nena. El hombre era parte del grupo de riesgo del Covid-19.
"La defensa presentó un habeas corpus explicando que el detenido no está alojado en el Servicio Penitenciario sino en una Comisaría de Burzaco bajo condiciones de hacinamiento, sin tratamiento médico, que sufre neumonía, hipertensión y que, además, tiene osteoporosis, por lo que está postrado en una cama sin posibilidad de movilizarse por sí mismo", explicó entonces Violini.
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"Concedemos el habeas corpus, pero lo dejamos en manos del juez de Lomas de Zamora solicitando que se resguarde la salud psicofísica de la víctima", se atajó. Fue un intento de pasarle la responsabilidad al juez de primera instancia, frente a una situación que generó un inmediato repudio social.
Desde ese momento, Violini se volvió mala palabra. En las próximas horas, la Corte Suprema de la provincia revocará el habeas corpus colectivo aceptado por Violini. Los jueces del máximo tribunal provincial Daniel Soria, Luis Genoud, Eduardo Pettigiani, Hilda Kogan, Serio Torres y Eduardo de Lázzari ya consensuaron una sentencia, tres recibir los dictámenes del procurador Julio Conte Grand.
Los magistrados criticarán el habeas corpus dictado por el juez de Casación. En privado, le achacan haber tenido un criterio muy generalista para otorgar las domiciliarias. Además plantean que realizó una suerte de puenteo a los jueces de primera instancia, que tienen a cargo a los presos de grupos de riesgo. La Corte va a revocar este criterio y tratar de ordenar las pautas de las domiciliarias. Su objetivo será que cada juez resuelva según las circunstancias de cada detenido, su causa y las víctimas.
Una de las agrupaciones que representa a víctimas de delitos hoy le agregó un desaire al juez bonaerense. "El temerario obrar del Juez Violini es una causal que amerita su remoción como Magistrado de la Cámara de Casación Penal, ya que con su decisión ha lesionado un adecuado servicio de justicia", dice el jury presentado por Usina de Justicia.
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El colectivo que dirige la filósofa Diana Cohen Agrest -cuyo hijo fue asesinado en un asalto- planteó que Violini "no ha convocado ni escuchado a asociaciones representantes de los derechos de las Personas Víctimas de Delitos".
El escrito firmado por el abogado Fernando Soto subrayó que el habeas corpus colectivo "no fue iniciado ante el juez de primera instancia en turno con competencia en la materia, sino que fue iniciado directamente ante la Cámara de Casación Penal". Penalista experimentado y amigo de la exministra Patricia Bullrich, Soto tuvo un paso por el gobierno nacional. Fue director de Ordenamiento y Adecuación Normativa de las Fuerzas Policiales y de Seguridad, bajo la gestión de la entonces titular de la cartera de Seguridad nacional, ahora presidenta del PRO.
"Violini firmó como como juez de Casación y encomendó a los jueces las domiciliarias. Por supuesto que el juez de primera instancia también es responsable. Pero él lo encomendó. Él como máxima autoridad les ordenó que hicieran eso", opina Soto ante PERFIL.
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