En el marco de la causa por sobreprecios en la compra de kits para embarazadas y recién nacidos, mas conocido como Plan Qunita, la fiscal pidió sobreseer a los 18 acusados, entre ellos el exjefe de Gabinete Aníbal Fernández y el ministro de Salud bonaerense Daniel Gollán, tras considerar que según los peritajes no hay evidencia para determinar que hubo delito.
"La nueva prueba colectada en autos en el marco de la instrucción suplementaria y su valoración conjunta con los elementos que se encontraban acumulados al expediente, permiten concluir que, en este caso, ninguna de ambas conductas por las que se promovió la acción penal constituye delito", sostuvo la fiscal Gabriela Baigún en un dictamen de 70 páginas de extensión, quien se basó en la investigación de los peritos contables de la Corte Suprema de Justicia.
Así, la fiscal dictaminó que no hay evidencia de delitos de fraude a la administración pública, ni el de abuso de autoridad, en el caso de los exfuncionarios, y así fue que formalizó su postura ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 1, integrado por los jueces Adrián Grünberg, José Michilini y Ricardo Basílico.
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De ahora en mas será el Tribunal el encargado de elevar la causa del Plan Qunita a juicio oral y público o cerrarla definitivamente si es que deciden sobreseer a los imputados. El cierre puede darse debido a que tras el dictamen de la fiscalía, única querellante en la actualidad, la causa quedaría entonces sin acusadores, ya que incluso la Oficina Anticorrupción que había impulsado la causa durante el gobierno de Mauricio Macri se retiró del expediente.
Entre los imputados se destacan el exjefe de Gabinete Aníbal Fernández, exministro de Salud de la Nación y actual titular de esa cartera en la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollan, y su actual viceministro, Nicolás Kreplak.
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La fiscal dictaminó que hubo "inexistencia de sobreprecios"
La fiscal Baigún analizó en detalle cada uno de los precios utilizados y en el marco del peritaje contable se percató de la “inexistencia de sobreprecios en la licitación investigada”. A diferencia de Eduardo Taiano, el fiscal que en 2016 procesó a los acusados en base a la denuncia de la actual diputada nacional Graciela Ocaña, Baigún señaló que no era posible afirmar que las empresas que resultaron ganadoras de las licitaciones se hubieran hecho de ganancias extraordinarias.
Con respecto a las críticas hacia el manejo de la causa, la fiscal puntualizó que “nunca se practicaron medidas conducentes y concretas para despejar ese interrogante”, es decir, el de los supuestos sobreprecios en perjuicio del Estado Nacional. Además, criticó que "se haya omitido distribuir los kits según la finalidad pública que era perseguida, que se hayan vencido elementos perecederos que lo integraban y que se hayan afrontado los gastos derivados del depósito de todos esos kits durante un plazo innecesariamente prolongado”.
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Por último, la fiscal desestimó la evidencia presentada en la denuncia de Ocaña, luego de que los peritos ingenieros y diseñadores industriales intervinientes indicaran que los productos que señaló la diputada en el marco de la causa no cubren la totalidad de los ítems requeridos en el pliego de licitación del kit Qunita. "El conjunto de elementos que relevó la licenciada no guardaba relación ni a nivel cuantitativo ni cualitativo con los componentes del kit Qunita", afirmó Baigún.
El caso
El Plan Qunita fue un programa lanzado en 2015 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que consistió en la compra de 150 mil kits para mujeres embarazadas y con hijos recién nacidos de bajo recursos que incluían alrededor de 30 elementos, una cuna, sábanas, ropa para bebés, babero, cambiador portátil, un bolso materno, entre otros.
La actual diputada nacional de Juntos por el Cambio, Graciela Ocaña, denunció ante la Justicia penal presuntas irregularidades en la compra de los kits. El expediente de la causa cayó en manos del fallecido juez federal Claudio Bonadio y del fiscal Eduardo Taiano, quienes a fines de 2016 procesaron a 18 personas, entre empresarios y funcionarios públicos, por los delitos de defraudación al Estado y abuso de autoridad en el caso de los exfuncionarios.
Entre los imputados se destacan Aníbal Fernández, Daniel Gollan y su actual viceministro Nicolás Kreplak, entre otros. El entonces ministro de Salud nacional y actual gobernador de Tucumán, Juan Manzur, también fue procesado pero luego desvinculado de la causa. En su momento, el juez Bonadio había ordenado destruir los elementos de los kits que pudieran resultar peligrosos para la salud de los recién nacidos, decisión que no llegó a concretarse.
