La Justicia avanza en el análisis de los balances contables de Repsol-YPF y puso la lupa sobre el manejo financiero de la petrolera por parte de los españoles, el gobierno argentino y el Grupo Petersen, de la familia Eskenazi, allegada a los Kirchner, antes de la estatización.
El juez federal Ariel Lijo ordenará un análisis contable a cargo de peritos de la Corte Suprema para determinar si existió el perjuicio contra la petrolera, como denunció la ONG Contadores Forenses. De ser así, en la Justicia estiman que si los antiguos titulares de YPF se llevaron, como marca la denuncia, 1.700 millones de dólares de dividendos por encima de las ganancias y de lo permitido por la ley, entonces el gobierno argentino podrá exigir que se descuente esa suma al reclamo de Repsol por la estatización. La ONG presentó ante la Justicia un informe contable sobre YPF en el que apuntan a un supuesto vaciamiento de la petrolera entre 2008 y 2012. Los abogados que acompañaron el informe, Carlos María Negri y Sergio Fernando Curzi, pidieron que se indique quiénes eran “los integrantes del directorio y accionistas que votaron la distribución de dividendos ilegítima”, y quiénes fueron “los beneficiarios del indebido pago y vaciamiento de YPF”. Además, pide que mientras se realiza la investigación, “se ordene un embargo preventivo”.
En los últimos días, desde Madrid, trascendió que Repsol reclamaría ante el tribunal del Ciadi unos 20 mil millones de dólares a la Argentina por lo que considera la “expropiación” de las acciones mayoritarias de YPF.
Los 1.700 millones de dólares equivalen al 8,5% del monto que reclamaría la empresa española. Si la Justicia traba el embargo preventivo, el Estado argentino no la pagaría.
Los contadores denunciantes se presentarán el jueves en la Justicia para ratificar el análisis de las cuentas de Repsol-YPF. El abogado Carlos María Negri dijo a PERFIL que “si se logra acreditar el vaciamiento de la petrolera, ese delito genera una responsabilidad, y los accionistas que participaron de esa maniobra serían responsables de esos daños y tendrían que afrontar los costos. Por eso pedimos que se trabe un embargo sobre los montos que deberán pagarse a Repsol por su reclamo de la expropiación del 51% de acciones”.
Cuentas. Como adelantó PERFIL en octubre, el informe de Contadores Forenses sostiene que “hasta la estatización, la compañía ha sufrido un proceso de disminución de su patrimonio, fundamentalmente por distribución de dividendos fuera de todo límite, con participación del Gobierno”. Para la ONG, los accionistas de Repsol-YPF distribuyeron más de lo que le hicieron ganar a YPF. “En 2008, 2009 y 2010, la distribución de dividendos estuvo por encima del máximo permitido por la Ley de Sociedades”, aseguran. “Parte de los dividendos fue pagada mediante ganancias, y parte con el capital de la compañía, lo que constituiría fraude en la administración”, agregan. Además, dicen que “es probable deducir la existencia de acuerdos ocultos o titularidades accionarias distintas a las declaradas”. Aluden, sin decirlo expresamente, a un entendimiento entre Eskenazi y sectores del gobierno de Néstor Kirchner.
