Este año están registrados en la Justicia unos 38 sellos electorales nacionales. Las motivaciones para conseguir el reconocimiento en cinco provincias, que habilita a contar con la personería nacional, son múltiples: desde ganar peso en una negociación de listas hasta sumar su adhesión a una coalición amplia.
En algunos casos, las sospechas hablan de una finalidad económica. Son los “sellos de goma” que se alquilan al mejor postor o se utilizan como pieza de negociación para sumar un candidato propio en la lista de un aspirante taquillero que toma la decisión de presentarse a último momento o rompe con su partido. Según indicaron a este medio fuentes judiciales, no existe ninguna tipificación penal que se pueda imputar a quienes actúan así.
En off, PERFIL recogió testimonios de demandas por centenares de miles de pesos por un sello habilitado en el momento indicado. El último escándalo por demanda de dinero ocurrió en 2011 en Santa Fe, cuando trascendió que el Partido Conservador Popular había pedido dinero al PRO luego de inscribirse en conjunto para las elecciones. El apoderado del macrismo allí, Lucas Incicco, reconoció que otros dirigentes apuntaron a pedidos de dinero bajo amenaza de romper la alianza. Pero aclaró que a él “sólo” le “pidieron candidaturas”.
Tras más de tres elecciones nacionales con el oficialismo y a pesar de este antecedente, el PCP fue inscripto el miércoles como parte de la alianza Cambiemos, que lidera el PRO.
El ex ministro de Justicia Alberto Iribarne explicó a PERFIL que las reformas legales dificultaron “la existencia de los sellos de goma y la venta de avales porque se hicieron más estrictas la normas para demostrar la afiliación de militantes”. También recordó que “la Justicia Electoral ha aplicado penas severas ante problemas con la presentación de afiliaciones”.
Sin embargo, la reforma también mejoró los aportes de fondos públicos para boletas y los espacios en los medios que “facilitan la supervivencia de los partidos que se limitan a ser microemprendimientos personales y que muchas veces se ofrecen como soporte legal al mejor postor para la presentación de candidatos”, indicó un informe de Cippec en 2011.
