El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió este miércoles que el titular del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) Omar “Cabello” Suárez vaya a juicio oral y público como jefe de una asociación ilícita con la cual extorsionaban a empresas navieras y fondos del gremio.
Fuentes judiciales informaron que en pleno receso judicial la fiscalía presentó el requerimiento para que el sindicalista que se encuentra bajo arresto domiciliario y otros imputados como Rigoberto Suárez Cardozo, Jorge Vargas, Juan Medina, Carlos Ruíz, María del Carmen Cabrera Peña, Débora Medina, Julio Barrera, Jorge Villaboz, Juan Baneki y Carlos Tinant vayan a juicio según consignó la agencia Noticias Argentinas.
Según la acusación fiscal, los imputados “exigían donaciones” a empresas navieras destinadas a capacitar marineros del SOMU y si no aportaban, los marineros afiliados del sindicato les bloquearían el ingreso a puertos de los distintos buques.
Otra parte de la acusación se encuentra relacionada con las extracciones de dinero ya que se acreditó que, entre 2014 y 2016, se retiraron de la empresa San Jorge Marítima S.A, la suma de 3.532.693 de pesos.
Asimismo, la organización también cometió fraude con la obra social del gremio, desde septiembre de 2015 el padrón de afiliados estuvo “sobredimensionado”. Esto se logró al incluir afiliados “no activos” de distintas seccionales del gremio que carecían de acceso a la cobertura e incluso se autorizaban gestiones medicas de manera irregular ya que no cumplían con los requisitos necesarios.
Suárez actualmente cumple detención domiciliaria en la localidad de Olivos pero está pendiente un pedido del fiscal Pollcita para que se le revoque ese beneficio y vuelva al penal de Marcos Paz donde permaneció arrestado durante casi un año.
El 29 de diciembre el juez Luis Rodríguez, quién le otorgó el beneficio, y luego por decisión de los jueces Sebastián Ramos y Sergio Torres se le fijó una serie de condiciones como la prohibición de ingresar bebidas alcohólicas y tener consigna de prefectura naval para controlar ingresos y salidas; además, Suárez debe solicitar autorización cada vez que intente salir de su casa para realizarse estudios médicos, motivo por el cual se le otorgó la prisión domiciliaria.
