El gobierno de Alberto Fernández anunció ayer un aumento por decreto de los salarios privados. El incremento se basa en las facultades delegadas al Presidente en la Ley de Solidaridad, será remunerativo y se incorporará como una suma fija bruta los salarios en dos tramos: $ 3 mil en enero y mil en febrero. Tras los descuentos, quedarán $ 2.500 y $ 3.300 “de bolsillo” respectivamente.
Participaron de las discusiones con sindicatos y empresarios, en su mayoría telefónicas, los ministros Claudio Moroni (Trabajo), Martín Guzmán (Economía), el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el presidente Fernández, informaron fuentes oficiales. Los últimos detalles se definieron ayer, en una reunión de Fernández con sus ministros pasado el mediodía. Se anunció oficialmente en una conferencia a cargo del ministro de Trabajo.
Este sábado se publicó el decreto respectivo en el Boletín Oficial:
“Apuntamos a los salarios más bajos de la escala”, indicó Moroni, quien destacó que el objetivo es apuntalar a “los sectores que quedaron más abajo y dar un piso para la negociación salarial”, porque, dijo, “en las situaciones de emergencia es donde debe intervenir el Estado”. Estimó que la medida permitirá a 1,3 millones de trabajadores recuperar “la totalidad de lo perdido (en materia de poder adquisitivo) en 2019”, y también apuntó que el incremento incorporaría unos “20 mil millones de pesos” a la demanda agregada. Además, el titular de Trabajo explicó que “no es un bono, es un incremento salarial que se mantiene si en la convención paritaria no hay un aumento mayor”.
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El decreto define que el incremento será “absorbido por las futuras negociaciones paritarias” y que “no deberá ser tenido en cuenta para el cálculo de ningún adicional”. Se incluirá en los recibos como un rubro independiente, denominado “incremento solidario”. La norma dispensa a pequeñas y medianas empresas de pagar aportes patronales, además de habilitarlas a extender a tres meses el aumento escalonado.
La decisión ejecutiva excluye expresamente a los estatales, que serán favorecidos por una norma equivalente a publicarse la próxima semana, y a los trabajadores comprendidos por el régimen de Trabajo Agrario y de Casas Particulares, que, anticipó Moroni, tendrán a través de sus convenciones específicas un acuerdo similar.
Desde el Gobierno aclararon, con insistencia, que la medida no impone un “techo” y el objetivo es equilibrar los sectores más postergados. Según un estudio realizado por el Observatorio de Derecho Social, en los últimos cuatro años hubo un fuerte retraso salarial con valores muy dispares. El caso más severo es el de los textiles, que perdieron más del 38% del poder adquisitivo, con otros como el de los metalúrgicos, con un 22% menos, mientras que los aceiteros aparecen como la excepción, con solo una décima por debajo de la inflación.
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El cosecretario de la CGT, Héctor Daer, confirmó a PERFIL que la conducción de la central participó de la gestación de la medida y apuntó que “lo bueno es que el decreto presidencial suplementa la paritaria pasada de 2019, que es la de mayor pérdida; y si no va a precios, es un primer paso en recuperar salario real para los más rezagados”.
Para el dirigente de la Unión Industrial Argentina (UIA), José Urtubey, “el aumento debe ser acompañado con otras medidas, como financiamientos productivos para capital de trabajo o asistencia a aquellos sectores que no puedan afrontarlo”. Desde su perspectiva, es una buena noticia que “sea a cuenta de paritarias y en dos cuotas”.
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En diálogo con este medio, el empresario salteño evaluó además que la clave estará en que se pueda seguir planteando, en el plano financiero, la reestructuración de la deuda para “acompañar la reactivación productiva”. A pesar de que en el Gobierno insisten en que no se busca poner un techo a los aumentos salariales, el Presidente les pidió a los sindicatos que “tengan en cuenta la situación” que atraviesa el país y “no hagan pedidos desmedidos”.
En Casa Rosada sostienen que cuentan con el compromiso –incluso de los más duros– de que se buscarán compensaciones salariales pero “sin rebelarse contra el acuerdo social”. Un dato favorece esta idea: la semana pasada, desde el entorno de Moyano se anunciaba que habría una protesta para reclamar por la reapertura de la paritaria. Pero fue suspendida tras una reunión informal con Moroni el miércoles.
