Lo propio conjeturó respecto del resto de los procesados como coautores de "asociación ilícita" en la adjudicación de obra pública durante el anterior gobierno, con excepción de los que están detenidos por otras causas, como el empresario Lázaro Báez y el ex secretario de Obras Públicas José López.
"La restricción de la libertad se condiciona solamente a la comprobación del peligro procesal que se demuestra con la actitud de los encausados y con un pronóstico de sus eventuales conductas", teorizó el juez.
En ese contexto, consideró que "no puede presumirse que los imputados, solo por enfrentar una expectativa de pena, intentaran eludir el accionar de la justicia o entorpecer el curso de la investigación".
"No registran antecedentes condenatorios, como así tampoco declaraciones de rebeldía vigentes a su respecto (...) efectivamente poseen voluntad de sujetarse al proceso y de informar al tribunal todos los cambios de sus domicilios, aunque sean temporarios", resumió el juez al justificar que los imputados que estaban en libertad permanezcan en esa situación.
