La justicia fueguina dictó el procesamiento de trece dirigentes estatales locales por el delito de entorpecimiento de los servicios públicos a raíz de la toma y principio de incendio que protagonizaron en la planta de distribución de combustibles Orión en 2016 y le trabó embargo por 15 mil pesos al secretario General de ATE, Carlos Córdoba.
La medida judicial fue dispuesta por la jueza de instrucción provincial María Cristina Barrionuevo, quien halló a los sindicalistas, entre ellos Córdoba, "coautores penalmente responsables del delito de Entorpecimiento de los Servicios Públicos".
Las acciones imputadas a los dirigentes se produjeron en el marco de un paro que duró 58 días, hasta abril de 2016, y que contó con un piquete de 45 jornadas en la puerta de la distribuidora principal de combustibles de la isla, donde los manifestantes fueron desalojados por grupos de camioneros.
En medio del duro conflicto sindical, las autoridades fueguinas se vieron impedidas durante casi dos meses de ingresar a la Casa de Gobierno, tras lo cual decretaron el cese de la personería gremial a organizaciones que representaban a grupos de trabajadores estatales.
En el fallo de la magistrada también se dispuso procesar a una de las activistas por los delitos de "entorpecimiento de los Servicios Públicos, Incendio y Daños Agravados", según consignó la agencia DyN.
Los trece fueron acusados por "haber impedido, estorbado o entorpecido el normal funcionamiento de los transportes por tierra y el servicio público de provisión de sustancias energéticas (como los combustibles) de las Instalaciones de YPF de Ushuaia, conocido como Planta Orión, mediante el corte de dos sectores de la avenida Perito Moreno".
La protesta se había realizado el 11 de abril de 2016, en el marco de un fuerte conflicto que afrontó al inicio de su mandato la gobernadora Rosana Bertone, del Frente para la Victoria.
Ante la noticia, Carlos Córdoba, se notificó del procesamiento que pesa en su contra, aunque fue sobreseído del delito de "intimidación pública". El sindicalista manifestó su malestar por la situación y consideró "extraño" que el procesamiento salga en medio de las negociaciones paritarias que llevan adelante los gremios estatales en la provincia.
"Vino un oficial de Justicia a mi casa y me pedía que le pague una multa de 15 mil pesos, que es el costo que te cobran para que se lleve adelante el juicio", acotó en alusión al embargo. "Hasta que termine todo el proceso judicial no voy a poder venderlo, ni hacer nada", concluyó.
